La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el miércoles la implementación de “prácticas de terrorismo de Estado” que incluyen violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela como la represión, el arresto arbitrario y las desapariciones de manifestantes de la oposición que han salido a las calles a reclamar transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio.
“Las manifestaciones han sido duramente reprimidas”, expresó Roberta Clarke, presidenta de la CIDH al presentar un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Todo esto sucede en un “contexto de absoluta impunidad” porque “los órganos de control responden al régimen y son parte de la estrategia represiva del Estado”, dijo.
El informe fue presentado el mismo día en que la oposición convocó a sus seguidores a defender en las calles de Caracas su alegada victoria en las elecciones y un día después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete que hacen temer más mano dura contra las protestas callejeras que se desataron tras la polémica elección presidencial, cuestionada por la oposición y la comunidad internacional.
Al presentar su reporte Clarke dijo que al menos 23 personas han muerto por la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes en las protestas, todas ellas por disparos. Ocho de esas muertes, dijo, fueron atribuibles a las fuerzas militares y dos a la policía.
Desde el 22 de julio, indicó, organizaciones de la sociedad civil han registrado al menos 1,672 detenciones, la mayoría de ellas de jóvenes que viven en áreas urbanas muy pobres.
Describió algunos de los patrones que han repetido violaciones registradas hace ya una década, entre ellos el uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en muertos y heridos; arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas; persecuciones judiciales y acoso contra opositores y voluntarios electorales y censura y restricciones a la libertad de expresión.
“Aquellos que son acusados con cargos criminales experimentan violaciones al debido proceso”, dijo Clarke al leer el informe. No se les permite elegir un abogado sino que se les impone un defensor público y en el caso de los adolescentes no pueden comunicarse con sus familias, explicó.
Desde el 28 de julio se registraron al menos 108 casos de violaciones de libertad de expresión, entre ellos la detención arbitraria de periodistas y acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio, la cancelación de pasaportes, cierre de medios de prensa y confiscación de equipos y deportación de reporteros internacionales.
La Comisión, además, ha recibido informes de detenciones arbitrarias en la calle para inspeccionar el contenido de dispositivos móviles y el uso de cámaras de vigilancia y drones de patrullaje, de acuerdo con el informe.
Estas prácticas «no sólo tienen como objetivo la persecución de sectores específicos, sino que también generan un clima de miedo e intimidación entre la población venezolana”, expresó Clarke.
Las preocupaciones de los sectores opositores a Maduro se incrementaron esta semana tras la designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior.
Cabello, el número dos del partido oficialista, es considerado el hombre más poderoso del país después del presidente y se ha manifestado a favor de perseguir de manera más contundente a los opositores que han puesto en duda o se han pronunciado en contra de los resultados anunciados por las autoridades electorales, que dieron el triunfo a Maduro en los comicios presidenciales.
Maduro asegura que ganó la reelección por más de un millón de votos y su gobierno desafió los pedidos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de incluso aliados de izquierda como Brasil, Colombia y México para que haga públicas las actas de votación que supuestamente muestran su triunfo.
La oposición se ha negado a reconocer los resultados y ha publicado en una página de internet el recuento del 80 % de las máquinas electorales que muestran que su candidato, Edmundo González, ganó por un margen de más de 2 a 1.
La sesión del Consejo Permanente de la OEA fue convocada a pedido de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
«Ahora está más claro que nunca: matan, encarcelan, torturan y lo hacen con su propia gente”, dijo Washington Abdala, el representante de Uruguay ante la OEA, tras escuchar el informe. “No tienen límites… La dictadura no tiene vergüenza en matar”.
El Senado de Chile, mientras tanto, aprobó por unanimidad la noche del martes un proyecto de resolución que solicita al presidente Gabriel Boric interceder ante la Corte Penal Internacional (CPI) para la emisión de una orden de detención contra Maduro.
“El Senado de Chile le solicita al presidente Boric que no solamente reconozca al verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela sino que además que la Corte Internacional Penal pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen”, dijo el senador Felipe Kast tras la aprobación.
En la sesión de cerca de dos horas de la OEA, el secretario general de la organización, Luis Almagro, recordó que ya había solicitado a la CPI la imputación de cargos y órdenes de aprehensión “contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano”.
Almagro, que describió a Maduro como “presidente de facto”, expresó que “todo el sistema de justicia” de Venezuela “está dado para garantizar impunidad y perseguir” a la oposición.
“Todo sin justicia, todo con impunidad”, aseguró. “Lamentablemente el régimen se ha burlado, se ha reído de tantos”, dijo Almagro, quien anteriormente ha pedido a Maduro que renuncie o muestre las actas electorales.
