La Presidencia francesa anunció ayer que levantará el estado de emergencia en Nueva Caledonia, archipiélago del Pacífico afectado en los últimos días por disturbios ante una iniciativa, ahora misma paralizada, para extender el derecho a voto a los residentes franceses, de cara al inicio de las negociaciones entre las partes.
La medida dejará de estar en vigor este lunes a las 20.00 horas hora de París, es decir, el martes a las 5.00 horas de Numea, capital papú. El fin es «permitir las reuniones de los diferentes componentes» del los independentistas del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS) y los «desplazamientos a los controles de carreteras de los funcionarios electos o capaces de reclamar su levantamiento».
El Elíseo también «recuerda que el levantamiento de los bloqueos es la condición necesaria para la apertura de negociaciones concretas y serias». «El presidente (Emmanuel Macron) confía en que los caledonios y sus representantes encontrarán el camino al diálogo. La misión de mediación y facilitación, presente en Numea, está dispuesta a trabajar con los funcionarios electos para establecer un acuerdo global», reza un comunicado.
No obstante, las autoridades francesas desplegarán en «las próximas horas» siete unidades de fuerza móviles adicionales, o 480 gendarmes, como refuerzos. Macron, que ha felicitado a las fuerzas de seguridad presentes en el territorio de ultramar, ha condenado «enérgicamente los bloqueos y saqueos».
«Esta violencia no puede pretender ser parte de una acción política legítima», ha subrayado, después de reiterar su apoyo a las víctimas y a las familias de los fallecidos, «en particular a los dos gendarmes muertos en el ejercicio de sus funciones». Ante esta situación, ha reiterado su confianza en la capacidad de los funcionarios de restablecer el diálogo.
El territorio lleva en estado de emergencia desde el 15 de mayo tras una ola de disturbios que ha dejado siete muertos –tres canacos, dos gendarmes y un caldoche (caledonio de origen europeo)– y más de 370 detenidos, por lo que París ha desplegado fuerzas de seguridad adicionales en el archipiélago.
Las protestas comenzaron en respuesta a las reformas electorales propuestas que darían a los ciudadanos franceses el derecho a votar en las elecciones provinciales después de 10 años de residencia en el territorio. La población indígena canaca de Nueva Caledonia, que ha hecho campaña durante mucho tiempo por la independencia, acusó a París de seguir adelante con la controvertida reforma sin considerar una fuerte oposición entre la mayoría de los residentes del territorio.
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