Los países de la región de América Latina y el Caribe están compelidos a impulsar el crecimiento de sus economías y, especialmente reformas estructurales que conduzcan a la consolidación y sostenibilidad fiscal.
A esta premisa no escapa la economía dominicana, independientemente de su positiva proyección de crecimiento, debido a que aún persisten riesgos importantes como el servicio de la deuda y la rigidez presupuestaria.
Además, de que la colocación de bonos a largo plazo para diferir compromisos importantes a futuro también plantea otro riesgo y es lo que se conoce como “prima de riesgo” o “prima por plazo”.
Hoy día el debate se centra en el país en tres reformas: la tributaria y cerrar temas pendientes en el pacto eléctrico, incluyendo la seguridad social y el código de Trabajo.
En su más reciente conferencia de prensa, Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que “sería importante que los países identificaran reformas estructurales con altos beneficios para el crecimiento y trabajaran duro para generar consenso a nivel político para implementarlas de manera duradera e inclusiva”. Otro importante desafío, en el caso dominicano, será la reducción de exenciones y exoneraciones. Para este año 2024, el gasto tributario (exoneraciones) asciende a RD$340,890.9 millones, un 4.6% del PIB, y se cree que puede llegar a 4.7%, según el Panorama Macroeconómico 2023-2027. En término de deuda pública, la proporción ha ido bajando en términos porcentuales, pero la cantidad de ingresos tributarios para amortizaciones e intereses se han convertido en un freno para inversiones públicas.
CANDIDA ACOSTA
