El Congreso de El Salvador, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves la vigésimo séptima ampliación del régimen de excepción, la primera durante el segundo mandato de Nayib Bukele, quien fue investido el sábado pasado.
Con 57 votos de los 60 diputados, NI y sus aliados ampliaron automáticamente, sin debate previo, la medida que suspende varios derechos constitucionales y bajo la que las autoridades realizan arrestos sin órdenes de captura.
Esta nueva ampliación se da a pesar de que Bukele afirmó en su discurso de investidura que ha logrado sanar el «cáncer» de las pandillas y que El Salvador es el país «más seguro» de América Latina, pese a las críticas a la veracidad de sus cifras.
«Aún existen grupos delincuenciales operando en el país», indica el decreto aprobado con dispensa de trámite.
Este régimen de excepción se colocó como la medida más popular de la primera gestión de Bukele (2019-2024) y le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (ludop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en la actualidad el 79,4 % de la población considera que el régimen de excepción le protege, mientras que cuando llevaba seis meses de vigencia esa cifra era del 48 %.
En más de dos años se han producido más de 80.000 detenciones de supuestos pandilleros y personas vinculadas a estas bandas.
Sin embargo, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Entidades como Amnistía Internacional advierten de que en las comunidades empobrecidas la violencia de las pandillas se ha sustituido por la estatal.
La medida, que se ha convertido en la principal y la única contra las pandillas en El Salvador, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las maras, que según investigaciones del medio local El Faro, se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
EFE
