Este martes prosiguió el juicio de fondo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los implicados en los casos Coral y Coral 5G. Durante la audiencia, la fiscal Elvira Rodríguez, quien fungió como testigo, reveló que en la residencia del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, ubicada en La Vega, se encontró un cuarto de máxima seguridad.
Rodríguez explicó que durante el allanamiento a la propiedad mencionada se incautaron decenas de discos duros, lo que motivó a contactar a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al procurador Wilson Camacho para enviar peritos que aseguraran la protección de la información almacenada.
Además, la fiscal detalló que se confiscaron al menos 10 sellos pertenecientes a diversas entidades bancarias y que la inspección de la propiedad tomó dos días en completarse. Los sellos fueron identificados en audiencia por la fiscal.
En cuanto a otro allanamiento realizado en una finca, presuntamente del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rodríguez mencionó que no recordaba quién figuraba como propietario en el acta policial. Sin embargo, señaló que esta información fue verificada posteriormente a través de testimonios, confirmando que el inmueble pertenecía a Cáceres.
«No puedo recordar en este momento, fue en el año 2021 (…) mediante la información de esas dos personas nos percatamos que ese inmueble era propiedad del señor Adán Cáceres«, enfatizó.
La audiencia comenzó esta tarde con las declaraciones del procurador fiscal Andrés Mana, junto a los peritos forenses Luis R. Valdez Arys y A. Emeterio R., quienes expondrán los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Los acusados
Entre los encartados se encuentran, además del mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Torres Robiu, la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa); el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros. Ver lista del total de imputados enviados a juicio de fondo.
A todos se les atribuye la distracción de fondos públicos, desde el año 2012 al 2020, con compras de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en manos de la red. Entre los fondos sustraídos se incluye los de inteligencia del Cusep y Cestur.
Empresas a las que también se les dictó auto de apertura a juicio
Entre las empresas que también fueron enviadas a juicio de fondo son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; . Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Asimismo, las compañías Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve; MJTRESV Agroindustrial; MJTRESV Agroindustrial; y RyF Agroindustrial.
