Carlos Olivares y Carlos Balcácer, defensores de José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), uno de los principales acusados en la Operación Camaleón, se mostraron a favor este viernes de que el Ministerio Público investigue al exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, en relación con un contrato firmado por él con una empresa del imputado.
«Eso es bueno, es provechoso. Nos abre un universo de esperanza, de que las cosas se están encaminando con ánimo de llegar a la verdad», dijo Carlos Balcácer en la Procuraduría, donde entrevistaron a Gómez.
Paulino Sem, exteniente general del Ejército, fue el titular del Ministerio de Defensa durante la gestión del expresidente Danilo Medina. Las preguntas girarían en torno a un contrato que firmó con la empresa Aurix, propiedad de Jochi Gómez, la cual brinda servicios tecnológicos.
La entrevista fue agendada para el lunes, debido a que la procuradora Yeni Berenice estaba en otro proceso, según informó el abogado Giovanni Tejada, quien no precisó la hora.
Se quejaron por solicitud de coerción
Se quejó de que, sí su cliente tenía dos meses solicitándole al Ministerio Público que lo interroguen y lo investiguen, no era necesario pedir coerción en su contra.
En ese sentido, dijo que se prepararán para litigar la “improcedencia de la prisión preventiva”. “Vamos a prepararnos para el pleito del lunes”.
Las preguntas a Gómez comenzaron a la 1:00 de la tarde de este viernes y finalizaron luego de las 8:00 de la noche.
Acusados
Jochi Gómez y Hugo Beras, exdirector del Intrant, son los principales acusados en la Operación Camaleón. Gómez fue interrogado este viernes sobre el supuesto sabotaje a la red semafórica de la capital en agosto pasado.
Las autoridades señalan que ambos se habrían coordinado para organizar un contrato fraudulento de RD$1,300 millones entre Transcore Latam y el Intrant, destinado a mejorar la red semafórica del Distrito Nacional.
Los demás imputados en el caso son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas. El Ministerio Público ha presentado una solicitud de medida de coerción contra ellos ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según declaró Mirna Ortiz, fiscal coordinadora de Litigación, el grupo será acusado de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica mediante alta tecnología, y robo de identidad.
