La magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fijó para la 6:00 de la tarde de este martes el conocimiento de medida de coerción contra los 11 implicados en la supuesta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, desmantelada mediante la Operación Pandora.
Al grupo se le imputa la sustracción de al menos 900 mil municiones de la Intendencia de Armas de la institución del orden.
El abogado Luis Aquino, representante de los imputados coronel Narciso Antonio Feliz Romero y capitán Juan Miguel Pérez Soler, dijo que se ha tomado un tiempo prudente para deliberar, por lo que entiende que la jueza dará una decisión “sabia, justa y apegada a lo legal”.
En la «Operación Pandora» se arrestó al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quien supuestamente fungía como pieza clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.
Dijo que las investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
Sobre la investigación
Las municiones eran sustraídas, supuestamente, de la Intendencia de Armas de la Policía y eran vendidas, incluso a haitianos.
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.
En la ejecución de la operación participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
