El Gobierno español de izquierdas y los conservadores de la oposición se acusaron mutuamente este miércoles de ser responsables de la prevención y gestión de los efectos catastróficos de las lluvias torrenciales de hace un mes, que causaron al menos 230 muertos, casi todos en la provincia mediterránea de Valencia.
En un debate parlamentario agrio, el jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, defendió el trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del río Júcar (CHJ), y aseguró que avisaron a tiempo de un riesgo máximo de concentración de precipitaciones abundantes y de la crecida de cauces.
Finalmente, una gran riada anegó decenas de localidades y causó pérdidas materiales multimillonarias de bienes públicos y privados, además de 222 víctimas mortales en Valencia y ocho en otras provincias.
«Si algunos quieren buscar culpables, que los busquen, pero no señalando a los servidores públicos que cumplieron con su deber», añadió Sánchez.
Rechazaba así las acusaciones del Partido Popular (PP, derecha) y de Vox (extrema derecha) sobre la responsabilidad del Gobierno en la tragedia, y en concreto de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, elegida hoy vicepresidenta de la Comisión Europea.
Negó que esos organismos estatales y el propio Gobierno no hubieran avisado e informado a las autoridades de la región autónoma valenciana, gobernada por los conservadores del PP.
«Los datos se elaboraron, los avisos se emitieron, la información llegó a todas las instituciones; cosa distinta es qué hicieron esas administraciones con esa información«, señaló Sánchez en el Congreso.
Y aludió al presidente de la región, el conservador Carlos Mazón (PP), al asegurar que hay «personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades» en la gestión y tendrá que asumir su culpa, opinó.
Mando único
El jefe del Ejecutivo consideró claro que el mando único en una emergencia como esta corresponde a la administración regional, la valenciana en este caso, y al Gobierno le compete facilitar toda la información meteorología y los caudales hídricos, y transferir los medios que requieran las autoridades locales.
Más de 8.00 militares siguen trabajando en la zona, además de miles de agentes de seguridad y otros efectivos enviados por el Ejecutivo.
«El Gobierno de España cumplió con estas responsabilidades y lo hizo desde el primer momento», resumió Sánchez.
«Inacción» del Ejecutivo, según la derecha
Por el contrario, el presidente valenciano, el conservador Mazón, consideró hoy «sorprendente», en declaraciones a la prensa, que el Gobierno «no admita ningún error o fallo» y se eche la culpa «a los demás».
Mazón ha sido muy cuestionado en sectores políticos y sociales por lo que consideran falta de previsión y gran tardanza de la primera ayuda para los damnificados.
A su vez, el líder de la oposición parlamentaria conservadora nacional, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de inacción y de «desentenderse» del temporal, «falta de humanidad» y de culpar a Mazón.
Aseguró que, durante dos horas y media, no se transmitió información sobre el barranco del Poyo, uno de los puntos críticos de la crecida desmesurada de las aguas.
A su juicio, el Ejecutivo debió de declarar la emergencia nacional y asumir así la dirección única para gestionar la crisis.
Según el político de la derecha, Sánchez ha dado explicaciones tarde para «cubrirse de toda la peste de corrupción y mentiras que le rodean», en referencia a varias investigaciones judiciales.
