En la continuación del juicio de fondo del caso Antipulpo, el Ministerio Público inició este miércoles la incorporación de pruebas documentales en contra de los acusados de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, en la red que alegadamente encabezaba Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.
Unas 700 pruebas fueron incorporadas, entre las que figuran dos yipetas: una BMW y una Toyota 4 Runner 2015. También un carro Mercedes Benz.
Estos vehículos fueron incautados como parte de las pruebas materiales que fueron ocupadas durante los allanamientos de la Operación Antipulpo en el año 2021.
«Ya habíamos terminado con las pruebas testimoniales, por eso hoy avanzamos con las documentales y se exhibieron algunos vehículos de los imputados que pidieron verlos», explicó la miembro del órgano acusador, la fiscal litigante Elizabeth Paredes.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que tutelan justicia en este caso, presidido por Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, bajaron al estacionamiento frontal del Palacio de Justicia, para, junto a los abogados defensores y los imputados ver los vehículos que llevan ya años incautados.
Los vehículos incautados pertenecen, a los imputados Fulvio Cabrera y al exdirector del Fondo Especializado de Seguridad Fronteriza (Fonper), Fernando Rosa.
El expediente presentado por el Ministerio Público, que tiene como principal acusado a Alexis Medina Sánchez, establece que los más de 48 encartados cometieron delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
La acusación establece que Juan Alexis Medina Sánchez creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Especifica que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Otras calificaciones jurídicas en este expediente son: coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
