La Fundación Familia Sin Violencia (Funfasinvi), a través de su presidente Orlando Aracena Vásquez, solicitó a la Procuraduría General de la República respuestas sobre la muerte del prospecto de béisbol Ismael Ureña Pérez, ocurrida el 25 de julio de 2024.
Ureña Pérez, de 14 años, falleció tras sufrir complicaciones de salud presuntamente relacionadas con la administración de sustancias químicas.
Según investigaciones preliminares, el joven fue sometido a un tratamiento con esteroides veterinarios para caballos, lo que habría derivado en su fallecimiento.
El caso ha generado gran preocupación en el ámbito deportivo y entre defensores de los derechos de los niños y adolescentes.
El comisionado nacional de béisbol, Junior Noboa, y la magistrada Olga Diná Llaverías, de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), anunciaron la apertura de una investigación sobre la presunta mala práctica en academias de béisbol y el uso de sustancias no autorizadas en jóvenes atletas.
Han transcurrido casi ocho meses desde el fallecimiento de Ureña Pérez y la autopsia oficial aún no ha sido completada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) debido a la falta de los resultados toxicológicos.
Denuncia de irregularidades en el proceso forense
Aracena afirmó que esta demora representa una deficiencia en el proceso forense y podría indicar ocultamiento de evidencias.
“El Laboratorio Amadita ya realizó análisis previos que confirmaron la presencia de sustancias químicas en el cuerpo de la víctima, específicamente esteroides mutantes de uso veterinario para caballos. Sin embargo, el Inacif no ha entregado los resultados oficiales, lo que ha impedido el cierre del informe de autopsia”, declaró Aracena.
Destacó que el caso incluye una querella contra Yordy Basilio Cabrera Alduey, señalado como responsable de administrar las sustancias que habrían causado la muerte de Ureña Pérez.
No obstante, hasta la fecha no ha sido arrestado ni sometido a la justicia.
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Exigencia de justicia
Aracena hizo un llamado a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para que ordene agilizar los resultados forenses y el proceso judicial correspondiente.
“La falta de respuestas en este caso afecta a la familia, al país y a la comunidad internacional que sigue este proceso. Es necesario que se esclarezcan las circunstancias de esta muerte y se tomen las medidas de lugar”, puntualizó.
La Fundación Familia Sin Violencia reiteró su exigencia de que las autoridades competentes actúen con celeridad para garantizar justicia en este caso.
