SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) conoció ayer 15 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, entre ellos siete relativos a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Esto fue durante una audiencia pública encabezada por el magistrado presidente de esta alta corte, Napoleón R. Estévez Lavandier, en la que el pleno de jueces conoció los siete recursos.
Se trata del expediente TC-01-2024-0005, que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de la controvertida legislación; y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña, presidente de la organización política, también se opusieron a la ley.
Así mismo ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la Ley 1-24.
Los magistrados también vieron el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y Miguel Alberto Surún Hernández, expresidente del gremio, refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la misma norma.
En el expediente TC-01-2024-0009, el accionante Ruddys Antonio Mejía Tineo, impugnó la Ley, y lo mismo ocurrió en el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (Idedom), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente los artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30 de la pieza.
Los jueces de esta alta corte vieron también el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley, promulgada el 15 de enero de 2024.
La audiencia pública se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Otros expedientes
Durante la audiencia, el pleno de jueces del Tribunal Constitucional conoció, además, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
Asimismo, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
Además de otros, los magistrados conocieron el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan L. Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal. Lo mismo hicieron con el expediente TC-01-2023-0051, que tuvo como accionante a Pedro M. Peña Torres, quien refutó el artículo 53 de la Ley 137-11, Orgánica del TC y de los Procedimientos Constitucionales.
Hay en el Congreso para modificar o eliminar ley
En el Congreso Nacional hay tres proyectos legislativos cuyo objetivo es eliminar o modificar la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De las tres iniciativas, dos buscan reformar la polémica norma y otra propone suprimirla. La legislación obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar a la DNI información que, según precisa la pieza, pueda afectar la seguridad nacional.
