Desde el caso de supuesta corrupción administrativa operación Calamar hasta los protagonizados por los ex narcotraficantes Quirino Ernesto Paulino Castillo y José Figueroa Agosto han sido colocados en la lista de bienes decomisados por la Procuraduría General de la República (PGR), recursos que fueron devueltos al Estado dominicano en montos ascendentes a 3,242,886,258 pesos y 1,417,600 de dólares.
Los recursos y los bienes recuperados fueron entregados al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados en Extinción de Dominio (Incabide), por la procuradora general de la República.
Germán Brito traspasó, además de la citada suma económica, la custodia y administración al Incabide de 58 apartamentos, 18 casas, un edificio, 10 fincas, un hotel, seis inmuebles, 26 locales comerciales, 19 solares, cuatro terrenos, una villa, cuatro aeronaves y 238 vehículos, entre los que se incluyen automóviles de marcas como Lamborghini, BMW y Mercedes Benz. También fueron decomisados y entregados 8,266,910 pesos en joyas.
Dinero y relojes decomisados. (FUENTE EXTERNA)
De los 169 inmuebles, la mayor cantidad ha sido devuelta por los imputados en el caso de corrupción administrativa operación Calamar con 28 bienes.
En este caso figuran los exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero; exministro de Hacienda y uno de los “brazos ejecutores”, José Ramón Peralta; exministro administrativo de la Presidencia; Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y otros 31 imputados y 12 empresas.
La mayoría de los bienes devueltos por este caso fueron de los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo y Fernando Crisóstomo, como parte de su acuerdo con el Ministerio Público.
Principales incautaciones
De Calamar han resultado tres apartamentos y un local comercial en el Distrito Nacional; seis solares en Villa Altagracia, 14 en La Vega y seis en Higüey; una villa en La Romana y una casa en la capital.
También salen a relucir 39 bienes recuperados a los mencionados por casos de narcotráfico José Figueroa Agosto, Pascual Cordero “el Chino”, Quirino Paulino Castillo y César Emilio Peralta “el Abusador”.
A Quirino le quitaron ocho fincas y un edificio en San Juan de la Maguana y una casa en el Distrito Nacional.
Con relación a «César el Abusador», este entregó cuatro apartamentos, una discoteca, un local comercial y dos inmuebles en el Distrito Nacional; un apartamento en Santo Domingo Este y terrenos en Pedro Brand.
Figueroa Agosto devolvió al Estado tres apartamentos en el Distrito Nacional y uno en Puerto Plata; un solar en Punta Cana y una casa en Santo Domingo Norte.
Lo devuelto al Estado que estaba en manos de Pascual Cordero “el Chino” eran dos apartamentos, dos solares y dos casas en el Distrito Nacional; un apartamento y una casa en Santo Domingo Norte y terrenos en Santo Domingo Este.
El caso Ferrer Abad que aparece en la tabla con unos 25 bienes recuperados se ventila desde hace más de una década. Esta red internacional de narcotráfico y lavado de activos era dirigida desde España por Gustavo Andrés Ferrer Castillo y tenía como testaferro en la República Dominicana a Eddy Antonio Abad, quien recibía el dinero, mientras su hermano Juan Pablo hacía las inversiones.
A José Calderón Rijo, alías «la Araña», a quienes le decomisaron tres bienes, para 2010 fue sancionado por Estados Unidos por lavado de activos, narcotráfico y corrupción, era vinculado al espectáculo a través de la empresa Grari Productions, que representó a varios artistas. Dos años después, en diciembre de 2012, Calderón Rijo fue arrestado luego de un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizado en la provincia Peravia, donde se incautaron 10 kilos de cocaína, junto a tres colombianos.
La entrega de estos bienes se produce a un año de la promulgación de la Ley 60-23 sobre la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los juicios de Extinción de Dominio.
Esta primera entrega al Incabide no solo incluyó bienes decomisados a la «corrupción», ya que también fueron entregados bienes secuestrados y decomisados por otros delitos propio del crimen organizado como narcotráfico y lavado de activo, por lo que el monto de los bienes decomisados en general es mucho mayor a 3,200 millones de pesos, informó el Ministerio Público.
La Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público tenía bajo su supervisión al menos 312 inmuebles decomisados que contaban con sentencias ordenando decomiso, de los que 143 ya poseen títulos de propiedad y los demás están en proceso para la expedición de título en favor del Estado dominicano.
«Para mí significa una satisfacción especial saber que algo que ha sido producto de un crimen, vaya a parar a algo como una redención para los marginados, como una cancha en un barrio, disponer de una casa comunitaria, eso tiene un valor extraordinario», dijo Brito.
Germán Brito enfatizó que al dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Ley 60-23 y traspasar los bienes e inmuebles al organismo encargado de administrarlos, se afianza aún más la intención de su gestión de romper esquemas no favorables y accionar bajo una nueva cultura de transparencia, eficacia y eficiencia en las acciones del Ministerio Público.
