El Ministerio Público depositó la acusación formal, ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción de Santiago, contra 13 personas vinculadas a una supuesta estructura que se dedicaba a falsificar documentos.
Los imputados son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavárez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital) y José Rosario Marte (Cheo).
Además, están acusados de conformar la estructura criminal, Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso, este último exempleado de la JCE.
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En más de 600 páginas, el Ministerio Público describe el modo en que la estructura desmantelada, mediante la Operación Colibrí, alegadamente tramitó miles de documentos falsos públicos y privados, los cuales pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país.
El dispositivo señala que la red falsificaba cédulas de identidad, licencias de conducir, carnet de distintos tipos, licencias para el porte de armas de fuego, títulos de propiedad, entre otros.
Pruebas
La fiscalía de Santiago, en diligencias que realizó junto a un equipo de expertos y oficiales encubiertos de la Junta Central Electoral, aportó más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó mediante allanamientos judicialmente avalados, que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.
La investigación del Ministerio Público arrojó, además, que los trabajos captados por los denominados «buscones» o tributarios eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.
También, los acusados se encargaban de borrar el contenido de las actas originales preservando el papel de seguridad en que las mismas eran impresas, para luego imprimir la información falsa, generando un documento con todas las características de seguridad del original.
La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al proceso es por la violación a los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano; artículo 13, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura autentica o pública y falsedad en escritura privada.
Con relación al acusado Montero Troncoso, exempleado del organismo electoral, se le imputa la violación a los artículos, 265, 266, 145, artículo 86 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículos 6 párrafo I, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la asociación de malhechores, falsedad y alteración de la naturaleza de los actos y accesos fraudulentos a una base de datos.
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