La operación denominada Panthera 7, llevada a cabo por el Ministerio Público, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desarticuló una red de narcotráfico internacional mediante la cual las autoridades afirman que se introdujeron al país 9.8 toneladas de cocaína a través del Puerto Multimodal Caucedo.
Ante este hecho, surge la pregunta de cómo operaba esta red en el país, a la que se le atribuye el cargamento histórico de droga incautado el 6 de diciembre del 2024. En la solicitud de medida de coerción se enumeran las siguientes 17 características.
Crearon una organización criminal transnacional con ramificaciones en Suramérica, República Dominicana y varios países de Europa. Se dedicaba al narcotráfico internacional y al lavado de activos provenientes de estas actividades ilícitas. Traficaron sustancias controladas producidas por diferentes organizaciones criminales en Suramérica, transportadas a la República Dominicana por vía marítima, en embarcaciones que ingresan a territorio dominicano por Bayahíbe, La Romana y el sur del país. Reclutaron a empleados de principal puerto dominicano para violentar los protocolos de la terminal, con la finalidad de planificar contenedores, evitar las inspecciones, simular el cumplimiento de chequeo de camiones, colocar los contenedores de forma estratégica, seleccionar dichos contenedores en ocasión de la ruta y así facilitar la entrada de toneladas de cocaína a través de la contaminación de contenedores, que iban principalmente a puertos de Europa. Los vinculados crearon empresas de transporte que les permitieran la movilización cotidiana dentro del puerto para el ingreso de las sustancias ilícitas, las cuales eran utilizadas para el tráfico ilegal. Violentaron los principales controles del puerto, como son evadir las máquinas de rayos X, y la fiscalización de inspector y sellador, para introducir el cargamento de cocaína en un contenedor que se suponía debía entrar vacío y hacia otra área del puerto de Caucedo. Adquirieron propiedades, como vehículos e inmuebles, que utilizaron en las operaciones de narcotráfico, propiedades, que, según el Ministerio Público, algunas eran registradas a nombre de testaferros que son miembros de la organización criminal. Crearon una contabilidad criminal en la que registraban las marquillas de los paquetes de cocaína, las cantidades y los responsables de esas cantidades, así como los montos y gastos de algunas de las operaciones realizadas. Para borrar todo rastro de su accionar criminal, la red destruyó evidencias que comprometían su responsabilidad penal, como el caso de algunos vídeos de cámaras de seguridad. Amenazaron e intimidaron a testigos que tenían conocimiento de las acciones delictivas cometidas. Los investigados implementaron maniobras fraudulentas para evitar que las autoridades detectaran los recursos producto del lavado de activos. Secuestraban contenedores vacíos para retorno al puerto, permaneciendo con ellos varios días, y los llevaban a su centro de acopio para cargarlos con las sustancias controladas. Se hacían valer de la complicidad de empleados para ingresar hombres con armas largas al puerto con el objetivo de hacer el trasiego del contenedor vacío hacia el refrigerado con destino a Europa y proteger el cargamento de más de 9.8 toneladas de cocaína. Raptaron a un conductor con el objetivo de salir del puerto cuando se dieron cuenta que no era posible proteger el cargamento, ante la ofensiva desplegada por las autoridades y el cierre total del puerto. Realizaron viajes internacionales y maniobras con el objetivo de disputar las investigaciones realizadas por el equipo investigador. Adquirieron vehículos a nombre de miembros de la organización de menor jerarquía para el transporte de las sustancias controladas, mientras que los vehículos de la compañía estaban debidamente identificados con su logo, a pesar de que las gestiones de compras, el pago del dinero y los verdaderos propietarios eran la alta gerencia de la organización criminal. Utilizaron Operadores RTG para colocar de manera estratégica los contenedores con las drogas, violentar la planificación del puerto y hacer el trasiego para contaminar los contenedores con destino internacional. Convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron, transfirieron y transportaron bienes y ganancias provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios, con el propósito de ocultar su origen ilícito.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción en contra de los implicados.
Los imputados son: José Nicolás Castillo Hart, alias «Nikito«; Winston Armando Tejera Rodríguez, alias «Barbikin»; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito.
