La red desmantelada por la Fiscalía de Peravia a la que se atribuye la falsificación de documentos públicos y la expedición irregular de actas de nacimiento a ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad haitiana, utilizaba identidades de dominicanos fallecidos y, en algunos casos, asignaba los datos de un mismo difunto a varias personas.
Debido a la gravedad del caso, la investigación ha sido declarada como un proceso complejo, lo que permitirá al Ministerio Público contar con el tiempo necesario para profundizar en el entramado delictivo.
El fiscal titular de la provincia Peravia, Ángel Darío Tejada, calificó como “grave” la situación debido a que una oficialía del Estado Civil, es “parte fundamental de la soberanía” del país.
Indicó que la Junta Central Electoral (JCE) está colaborando activamente con la fiscalía, aportando recursos del Departamento de Informática, de Seguridad Civil y la Dirección Jurídica.
Además, una fiscal designada por la Procuraduría General de la República está apoyando la investigación para garantizar una pesquisa exhaustiva.
Los miembros de la red
Las autoridades han detenido, por el momento, a seis personas, mientras que la presunta cabecilla del entramado, María del Carmen Arias Castillo, exfuncionaria de la Oficialía del Estado Civil de Nizao, se encuentra prófuga y fuera del país, pese a que fue advertida por la JCE.
El fiscal titular de Peravia informó a Diario Libre que la investigación es reciente y que aún no se conoce su alcance total.
“Este es un caso delicado y no podemos adelantarnos a las conclusiones. Sabemos que estas acciones no se llevan a cabo sin una estructura organizada y sin la participación de múltiples personas dentro de la institución”, indicó Tejada.
Agregó que es “una situación grave que involucra a una institución tan delicada como las oficialías del Estado Civil, que forman parte fundamental de la soberanía y la democracia del país”.
Medida de coerción
La jueza del juzgado de Atención Permanente de la provincia Peravia impuso prisión preventiva y garantía económica en contra de varios miembros de la red que se dedicaba a proveer de documentos a nacionales haitianos de forma irregular, desde la Oficialía del municipio Nizao, en la provincia Peravia.
La magistrada Loida Amador impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar, disponiendo que la misma sea cumplida en la cárcel pública de Baní.
Asimismo, impuso garantía económica y presentación periódica a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y a Sujeyri Mercedes Sánchez, ante el Ministerio Público.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos.
También de los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, así como los artículos 13 y 14, numeral 4, de la Ley de Cédula número 8-92, artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y artículos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
