En República Dominicana , varios casos judiciales de alto perfil han alcanzado la etapa final del juicio de fondo, lo que significa que están en la fase donde se presentan pruebas, se escuchan los alegatos finales y se espera una sentencia. Estos procesos han captado la atención de la ciudadanía por la magnitud de los delitos imputados y la relevancia de los acusados, muchos de ellos vinculados a corrupción , crimen organizado y fraudes millonarios contra el Estado.
Caso Antipulpo: corrupción y desfalco multimillonario
El
Caso Antipulpo es uno de los procesos más emblemáticos de corrupción en el país. Este juicio involucra a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y a varios exfuncionarios acusados de formar una red que supuestamente malversó fondos públicos por más de RD$4,500 millones a través de contratos fraudulentos con el Estado.
El juicio de fondo se inició en mayo de 2023, pero ha sido un proceso complejo debido a la cantidad de pruebas y recursos legales interpuestos por la defensa. Actualmente, el tribunal está en la fase de presentación de pruebas finales antes de dictar sentencia. Se espera que la fase de conclusiones del caso Antipulpo culmine el 24 de marzo con la defensa del principal acusado.
Caso Medusa: el exprocurador general en el banquillo de los acusados
El
exprocurador general , Jean Alain Rodríguez, es la figura central del Caso Medusa , un expediente de corrupción que involucra supuestos actos de prevaricación, estafa contra el Estado, sobornos y lavado de activos . Según el Ministerio Público, la red habría desviado más de RD$6,000 millones en sobornos y sobrevaloraciones de contratos en el sistema penitenciario.
El juicio de fondo, luego de ser postergado en Múltiples ocasiones, deberá comenzar desde cero, luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aparte a los jueces que previamente conocían el proceso.
La decisión se tomó tras una recusación presentada por la defensa de Rodríguez, que alegó falta de imparcialidad de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado, Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista. Ahora, el caso pasa a manos de los jueces Claribel Nivar Arias, Yissel Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo Jiménez, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes también llevan el juicio de fondo de la Operación Antipulpo.
Casos Coral y Coral 5G: involucra a policías y militares
La red de
militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación del Ministerio Público. A la red, integrada por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se le adquirió hasta el momento unas 125 propiedades.
Los imputados del caso Coral son: el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán; el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el general Torres Robiou, y el coronel Núñez de Aza.
El caso, que se inició en el 2021, ya está en juicio de fondo. Entre los apresados en la Operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de
República Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou.
También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de
República Dominicana .
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Caso Gavilán: eliminación de antecedentes penales en la Procuraduría
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envió a finales de enero a juicio de fondo a todos los implicados en una presunta red que operaba en la Procuraduría General de la República, acusada de eliminar
antecedentes penales de delincuentes y presos a cambio de sobornos y que fue desmantelada en agosto de 2024 mediante la Operación Gavilán.
Los imputados en este caso son Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana, Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Domingo Julio Santana Sánchez, Yokaira Elizabeth Carmona, Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Anthony Vicente Ferrer Monegro (miembro de la Policía Nacional), Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos. Entre los acusados también se encuentran familiares de Rubén Darío Morbán Santana.
El Ministerio Público acusa a los empleados de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General de la República, Alfredo Mirambeaux, Mártires Rosario y Rubén Darío Morbán, de aprovechar su acceso a la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes para alterar y eliminar registros penales.
Según la investigación del órgano acusador, estos empleados actuaron como intermediarios entre los interesados en borrar su historial judicial y los encargados de modificar los documentos, cobrando entre 8,000 y 30,000 pesos por cada operación ilícita.
A través de esta práctica, los implicados manipulaban la base de datos editando los registros de identidad, modificando números de cédula o agregando otros, de manera que, al consultar el sistema, las personas afectadas no aparecieran con
antecedentes penales . El Ministerio Público identificó un total de 16,958 alteraciones de documentos, incluyendo 8,406 registros con 12 dígitos y 8,552 con 10 dígitos.
Operación Falcón: lavado de activos y narcotráfico en Santiago
El juez Cirilo Salomón, del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, decidió el jueves 6 de marzo enviar un juicio de fondo a los 70 acusados físicos y entidades societarias acusadas de conformar una de las estructuras del crimen organizado más poderosas de los últimos años y que cometió delitos como el
lavado de activos , narcotráfico y otros, puestos al descubierto, investigados y judicializados por la Operación Falcón .
La
Operación Falcón , que en 2021 puso en marcha decenas de allanamientos y detenciones, desmanteló una poderosa red del crimen organizado que desde el 2012 traficaba con al menos 2.500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10.000 millones de pesos.
Operación Larva: narcotráfico y lavado en San Cristóbal
El Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal dictó en agosto de 2024 apertura a juicio en contra cuatro imputados involucrados en la red de
lavado de activos de la Operación Larva , desmantelada por el Ministerio Público en el 2021.
Los imputados son: Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella y Ramón Eduardo Piña Reyes, así como las empresas Presta Bella Vista SRL, Upper Promotion SRL, J&H Administración y Servicios SRL, H&S Inmobiliaria SRL E Inversiones y Servicios Jorge y María SRL
Todos “formaban parte de una poderosa estructura criminal, dedicada al
lavado de activos , procedentes del narcotráfico internacional”, de acuerdo al comunicado del Ministerio Público.
En la acusación se establece que, los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y lavar activos producto de operaciones de
narcotráfico a gran escala, según el órgano persecutor.
Casos en etapa preliminar
En la etapa preliminar o fase intermedia, el acusado es presentado ante un juez, cuyo papel principal es determinar, si existe suficiente evidencia para llevarlo a juicio de fondo.
En fase preliminar están los casos
Calamar y Nido.
En el caso Calamar los principales imputados son los exministros durante el Gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo..
Además de Guerrero, Peralta y Castillo, están acusados en el expediente de otras 31 personas físicas y 13 empresas por supuestamente estar al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través del pago irregular de propiedades declaradas de utilidad pública, sobornos para financiar el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana y las elecciones de 2020, así como en un proyecto de extorsión en bancas de apuestas.
En 2024, las autoridades desmantelaron una red mediante la Operación Nido acusada de estafar con millones de pesos a personas que adquirieron viviendas en proyectos inmobiliarios fantasmas.
Se trata de un caso de estafa inmobiliaria que, según las autoridades, su cabecilla es
Emmanuel Rivera Ledesma , quien supuestamente, junto a sus dos hijos, hermana, esposa y otros imputados crearon en el 2019 una estructura delictiva utilizando el sector inmobiliario a través de maniobras fraudulentas para captar dinero.
El director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina, ha sido señalado en la investigación del Ministerio Público. De acuerdo con el expediente, Dorrejo Medina enfrenta acusaciones de complicidad, asociación de malhechores y estafa, con base en los artículos 59, 60, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
Los casos mencionados no solo reflejan la lucha del sistema judicial dominicano contra la corrupción y el crimen organizado, sino que también evidencian las dificultades y dilaciones que enfrentan los juicios de alto perfil en el país, pues en su mayoría pasan de los tres años en los tribunales.
