El Juzgado de la Instrucción de Barahona envió a juicio a los miembros de una supuesta red criminal de narcotráfico y lavado de activos que el Ministerio Público desmanteló mediante la Operación Metal Blanco en 2023, informó la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con una nota de prensa, el juez Daniel Emilio Medina Pimentel dictó el auto de apertura a juicio tras acoger de manera total la acusación del Ministerio Público, acogiendo en consecuencia todos los elementos de pruebas presentados y la calificación jurídica. Además, mantuvo el secuestro de todos los bienes.
Los procesados son José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL.
El expediente señala que la red alegadamente operaba en un complejo esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas, desde la región Sur de la República Dominicana.
«El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo de interdicción encabezado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutado el 10 de julio de 2023″, refiere la nota.
Ese día, las autoridades dijeron que le ocuparon a la red 245 paquetes con un peso exacto de 254,080 kilogramos de cocaína clorhidratada.
Además, dijo que esa red estaba vinculada con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de 14 pacas con 446 paquetes, y el 3 de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la playa Caletón, de Barahona.
«Esta red criminal fue acusada por violación a disposiciones de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, así como la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y otras infracciones graves», detalla el MP.
Acusación
Según el Ministerio Público, los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos. Indicó que la alegada estructura criminal movió en el sistema financiero nacional la suma de 1,221,436,064.41 millones de pesos y 96,665.41 dólares.
Destaca, los presuntos movimientos, de manera particular del acusado Yoan Moisés Ferreras Báez, quien, supuestamente, lidera las cifras con entradas de 830,448,082.71 millones de pesos, además de entradas en dólares de 61,155.41.
Indica que el acusado José Augusto Romero Cedeño registró ingresos de 116,123,019.66 pesos, además de ingresos en dólares de 34,223.52.
El organismo de persecución resaltó que la acusada Ruz Esther Matos también ha sido investigada y le atribuye ingresos por 1,376,700 pesos.
Además, señala que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, Replacovemesur SRL, «fungió como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros que revelan ingresos de RD$ 35,829,826.76″.
- Respecto a Cledyn Pérez Féliz fue desglosado el expediente y declarado en rebeldía.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación.
También, fue expuesta la relación entre cada uno de ellos, estableciendo que se realizó una investigación apegada a la norma que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos por los que se les acusa y que al final del proceso «concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes».
Decomiso
El Ministerio Público solicita en este proceso el decomiso de más de 30 bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, presuntamente pertenecientes a la referida red.
Los fiscales investigadores de este proceso fueron los magistrados Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora, procuradores generales de Corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
