El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) aplaudió la tendencia observada en el Sistema Judicial de República Dominicana de rechazar las solicitudes de los imputados en casos de corrupción para que los jueces declaren la extinción de la acción penal en su contra por haber transcurrido el plazo de cuatro años que marca la ley.
La organización realizó un panel bajo el título “Casos de alta corrupción: la justicia y el devenir mediático” y presentó su último informe sobre los casos de alta corrupción que cursan actualmente en los tribunales y su tratamiento mediático.
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En este documento contabilizaron todos los aplazamientos de audiencias y llamaron la atención sobre el hecho de que la mayoría es causada por los imputados.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó el 17 de marzo la solicitud de Alexis Medina Sánchez, Magaly Medina Sánchez y otros 11 imputados del caso Anti-Pulpo de declarar la extinción de la acción penal en su contra.
PC considera que la decisión se encuentra más que justificada, sobre todo, si se examina la conducta procesal de los acusados.
“Sólo en el período de observación que llevamos a cabo (enero-marzo 2025) ocurrieron hechos como en las audiencias del 27 de enero y 28 de febrero, que se suspendieron por licencias médicas presentadas por el imputado Víctor Matías Encarnación, o en la audiencia del 29 de enero por razones médicas del imputado Aquiles Christofer Sánchez. También la audiencia del 10 de marzo debió suspenderse hasta el 17 de marzo por la presentación de la solicitud de extinción de la acción penal”, indica el informe.
Francisco Álvarez Valdez (Pancho) presentó el informe y aseguró que el dictamen de este tribunal sigue la tendencia de la jurisprudencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional de considerar que la duración máxima de un proceso está vinculado al plazo “razonable” contenido en la Constitución, por lo que no es posible calcularlo matemáticamente.
“Tampoco es razonable imponer al Ministerio Público un número de páginas para su acusación, o un límite de personas que pueda imputar en un solo caso, como tampoco a los abogados de la defensa se le pueda imponer un límite en las pruebas que puedan aportar, o un límite irrazonable en el tiempo que dedica a la defensa técnica de su cliente”, razona.
Aplazamientos
En los casos Coral y Coral 5G hubo ocho aplazamientos por lo avanzado de la hora y 5 por licencias médicas presentadas por los acusados. En el proceso Medusa hubo seis y en el Calamar se pospuso la única audiencia.
La agrupación civil advirtió que no se debe permitir que casos como estos, que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos, terminen sin sentencia al fondo debido a la ineficiencia del sistema o a estrategias orientadas a ponerle fin a los casos.
