El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, abogó este lunes por enfrentar la criminalidad de forma integral y enfocar los esfuerzos en la reinserción social de la persona infractora.
Molina atribuyó las penas severas a una secuela del populismo penal y punitivo como una manera rápida de enfrentar el crimen.
“Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del populismo penal y punitivo. Esta inclinación, que busca respuestas rápidas y severas ante la criminalidad, puede parecer efectiva a corto plazo, pero a menudo pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho y los derechos humanos y replica círculos de violencia”, enfatizó el también presidente del Consejo del Poder Judicial.
Molina se expresó en esos términos al participar en su condiciónde secretario general pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana en el taller regional hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria frente a delitos menores de drogas: un camino hacia la proporcionalidad y alternatividad penal, que se celebra los días 24 y 25 de junio en Barcelona, España.
El evento es organizado por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (Copolad) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
“Hoy, nos reunimos con un propósito claro: explorar alternativas que reconozcan la dignidad humana y que sean proporcionales. Es momento de cuestionar enfoques tradicionales y abrirnos a nuevas perspectivas que prioricen la reinserción, el tratamiento y la prevención por encima del castigo”, insistió Henry Molina, según un comunicado de prensa de la SCJ.
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Al agotar un turno en el conversatorio sobre Perspectivas integradas para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria en Iberoamérica, Molina sugirió construir y promover un marco legal y operativo que responda de manera justa y eficaz a los delitos y que, a la vez, respete los derechos humanos, promueva la rehabilitación y la reintegración, ante lo que calificó como el populismo punitivo.
La comisión que representa al Poder Judicial dominicano en este encuentro la completa la magistrada María Garabito, jueza de la Sala Penal de la SCJ; Modesto Martínez, integrante del Consejo del Poder Judicial, y Rafael A. Báez, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien abordó el tema «Principios y Estándares para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria: Hacia un Pacto Regional».
También Esmirna Gisselle Méndez, jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien disertará este martes con el tema “Contribuciones Copolad en el camino hacia la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria”; y Kenya Romero, jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quien expondrá sobre “Perspectivas Integradas para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria en Iberoamérica”.
El taller
Del taller se espera la construcción de un pacto regional para la humanización de la política criminal y penitenciaria, concretado a través del desarrollo y la adopción de estándares básicos que promuevan un enfoque más humano y justo en la gestión de los delitos menores de drogas.
La nota de prensa de la SCJ añade que la actividad reunió a actores claves del sistema judicial y penitenciario, incluidos ministerios de justicia, fiscalías, defensas públicas y poderes judiciales de España, Argentina, Colombia Paraguay, Costa Rica, Brasil y República Dominicana, así como organismos regionales e internacionales, con la intención de fomentar un diálogo constructivo y colaborativo que permita la elaboración de políticas criminales más equitativas y efectivas.
En el taller participaron, además, Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB); Irene Cara, responsable del equipo de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIIAPP; Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); Luis Arocena, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); así como autoridades estatales, representantes de Copo-Lad, la Unión Europea y juezas y jueces de los diferentes países.
