El “estallido social” del 11 de julio de 2021 (11J) fue un “parteaguas” en Cuba que, si bien no tuvo éxito, sí que contribuyó a empoderar a la sociedad al visibilizar que la protesta también es posible en la isla, argumenta en entrevista a EFE la socióloga cubana Cecilia Bobes.
Esta profesora universitaria e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México, acaba de publicar ‘Protestas en Cuba. Más allá del 11 de Julio’.
En este documento de 242 páginas ella disecciona los antecedentes, las causas y consecuencias de aquellas protestas, las mayores en décadas en la isla, y por las que más de 700 personas han sido condenadas a penas de cárcel.
“Creo que en el futuro va a haber más protestas. No estoy segura de si se va a producir un estallido de igual o parecida magnitud al del 11J”, pero “obviamente el hecho de que la protesta haya aparecido como una posibilidad indica que va a haber más”, afirma.
Bobes resalta que el 11J fue un “evento transformador” que modificó la “subjetividad colectiva”: “La gente supo que sí se podía salir a la calle a protestar, no solo a apoyar (al Gobierno)”, apunta esta investigadora.
Ella concluye que este cambio “empodera” a una sociedad con pocas herramientas “frente a un Estado poderoso” que “siempre ha visto con recelo la autonomía”.
Excepcionalidad
La socióloga busca acabar con la “excepcionalidad” que ha rodeado a Cuba durante décadas también en el ámbito de las protestas antigubernamentales y encuadra el 11J -con sus semejanzas y diferencias- en los estallidos de los últimos años en América Latina, pero también en una serie de acciones cada vez más frecuentes en la isla.
El 11J -comienza- parecía “altamente improbable” y “difícil de anticipar” porque desde el triunfo de la revolución en 1959 las movilizaciones en Cuba habían sido de “apoyo” al Gobierno. “El Estado cubano es muy exitoso en controlar y en neutralizar a toda la oposición”, apostilla.
Pero algo ha ido cambiando en la sociedad cubana. Del aumento de las desigualdades con las reformas y ajustes del expresidente Raúl Castro a la entrada del internet móvil a partir de 2018, pasando por la llegada de una nueva hornada de dirigentes sin el simbolismo de la “generación histórica”.
“El consenso político, que había sido muy sólido y abarcador, empieza a fracturarse y gradualmente se van generando fisuras”, sintetiza Bobes.
A esto se sumaron la Covid-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una serie de políticas nacionales fallidas que agudizaron desequilibrios económicos estructurales, lo que abocó a Cuba a una grave crisis de la que aún no ha salido.
Entonces, hilvana Bobes, se produce “una explosión emocional de hartazgo, de incertidumbre, de desesperación” porque los “agravios a largo plazo”, como los derivados de “la exacerbación de la precariedad”, se ven azuzados por un “componente coyuntural” que actúa de “detonante”.
“La inconsistencia entre tu experiencia de vida y el discurso (oficial) genera que este agravio se vaya construyendo como injusticia”, explica.
Protesta política
A su juicio, el 11J es una protesta política. “Hablar de un lado económico separado de uno político me parece, cuando menos, arriesgado”, señala tras referir que hubo consignas de índole económico, pero también de cambio de régimen, y explosiones emocionales contra las autoridades.
Los factores que animaron el 11J y acciones posteriores en La Habana, Nuevitas, Caimanera o, en marzo pasado, en Santiago de Cuba, El Cobre y Bayamo, siguen presentes, insiste.
Por eso Bobes percibe “potencialidad” para nuevas protestas. De hecho, si entre 2007 y el 11J la investigadora identificó en su registro 123 acciones de protesta, en lo que va de 2024 ha contabilizado 54.
No obstante, añade, hay elementos que juegan en contra. Como la migración -tanto por el envejecimiento social que conlleva como porque quienes buscan marchar son menos proclives a protestar– o el aumento de la precariedad, porque “las personas están demasiado ocupadas en el día a día, en resolver lo básico”.
Luego están también la falta de “recursos movilizativos” (en Cuba no es posible para los ciudadanos convocar una marcha), la ausencia de organizaciones sociales autónomas, “la falta de arraigo” y deslegitimación de la oposición, y “la represión de todo tipo”, de la policial a la judicial.
“Salir a la calle es una opción costosa en todas partes. En Cuba más”, apostilla Bobes.
