Siendo las 7:47 de la noche de este viernes 4 de octubre, el Ministerio Público depositó su solicitud de medida de coerción para Hugo Beras, José «Jochi» Gómez Canaán y demás imputados por corrupción a través de «contrato amañado» entre el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Por este caso, que ha sido denominado Operación Camaleón, el Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva y que sea declarado complejo «por ser un caso de crimen organizado».
«El Ministerio Público, cumpliendo con el plazo previsto por la ley, ha depositado la solicitud de medida de coerción contra siete imputados en esta operación, haciendo las imputaciones precisas y presentando los elementos de pruebas que, sin dudas, darán al traste con la imposición de medida de coerción de prisión preventiva, que le está solicitando el Ministerio Público en estos momentos», dijo Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación.
Tras recibir el expediente por una comisión de fiscales encabezado por Ortiz, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó la audiencia para este sábado a las 11:00 de la mañana.
Además de Beras y Gómez Canaán, uno de los titulares de la empresa Transcore Latam; fueron apresados por el caso, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; director de Tecnología del Intrant, Frank R. Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas.
Están imputados de supuestamente pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Ortiz dijo que en el transcurso de las investigaciones podrían incluir a otras personas.
«Como en todas nuestras operaciones, el desarrollo de la investigación va a determinar la cantidad de personas que podrán estar implicadas», explicó Ortiz.
Investigación en etapa inicial
La coordinadora de Litigación del Ministerio Público dijo que las investigaciones están en etapa inicial, por lo cual no podía hablar de montos que pudieron haber sido distraídos.
Durante la Operación Camaleón, desplegada en la noche del miércoles 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron unos 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
El Ministerio Público dijo que en los allanamientos «se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público», y por ello, calificó la Operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
Entre los hechos objetos de la imputación del Ministerio Público se encuentran el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado según el organismo «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado» y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
