El Congreso de Perú aprobó este miércoles un dictamen que prohíbe que los policías puedan ser detenidos preliminar o preventivamente después de haber hecho uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causar una lesión o muerte, con el argumento de garantizar su presunción de inocencia.
El dictamen que propone modificaciones al Código Procesal Penal y otras normas recibió 95 votos a favor en la sesión del pleno y fue exonerado de la segunda votación, con lo cual queda en manos del Ejecutivo la promulgación de la norma.
Al aludir a la comparecencia restrictiva para el personal de la Policía Nacional, el dictamen indica que se impondrán restricciones a los policías que, en el ejercicio de su función constitucional, hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y que, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte.
Sin embargo, subraya que el fiscal y el juez quedan «prohibidos» de solicitar y de dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva, respectivamente, bajo responsabilidad funcional.
La norma explica que «es menester» eliminar cualquier barrera que pueda tener la policía para que tengan la libertad de ejercer sus funciones constitucionales, sin temer futuras represalias como la detención preliminar o la prisión preventiva.
Agregó que la detención preliminar, en general, está creando hacinamiento carcelario, y criticó que la Fiscalía hace «uso excesivo» de esta figura porque no requiere de mayor sustento.
En el caso de los miembros de la Policía Nacional del Perú, «necesitamos brindarles la seguridad de que pueden combatir la criminalidad y que cuentan con protección legal adecuada», afirmó el dictamen en el análisis de su necesidad, viabilidad y oportunidad.
Otro punto de la norma es la suspensión de penas para los agentes mayores de 80 años por razones humanitarias, es decir, problemas de salud y enfermedades terminales, debidamente sustentados.
El dictamen ha sido aprobado por el Congreso un día después de que el Consejo de Estado, organismo encabezado por la presidenta Dina Boluarte, anunció un marco legal que permitirá a la policía y militares ser juzgados en el fuero militar-policial en caso de emplear sus armas de reglamento.
El eventual juzgamiento de los uniformados se realizará bajo el control previo de la Inspectoría, precisó una nota de prensa de la Presidencia de la República.
Agregó que también se acordó coordinar entre esas entidades la creación de leyes que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado y permitan a los gobiernos regionales y locales destinar recursos propios a la seguridad ciudadana.
