El Comité de Derechos humanos de la ONU calificó este jueves de preocupantes los informes sobre la corrupción que afecta al Poder Judicial en Ecuador, lo que ha creado la creencia de que el crimen organizado ha penetrado en las instituciones de justicia.
Esta cuestión figura entre las conclusiones y recomendaciones que el Comité ha dirigido a Ecuador a partir del examen periódico que realizó sobre la situación en el país sudamericano, que recientemente ha atravesado un periodo de violencia criminal sin precedentes.
El Comité se refiere en su informe a las investigaciones de la Fiscalía General de Ecuador sobre el pago de sobornos a funcionarios por parte de «estructuras criminales» a cambio de actos y decisiones en favor de sus integrantes y familiares, al tiempo que lamenta las «escasas medidas» para proteger a jueces y fiscales de asesinatos, agresiones y otros tipos de intimidación.
En una rueda de prensa en Ginebra, el miembro del Comité Carlos Gómez Martinez comentó que esta situación «pone en riesgo el Estado de derecho» en Ecuador, que el Poder Judicial está en una situación muy delicada y que el caso de asesinatos de jueces fragilizan todo el sistema de Justicia en su conjunto.
Gómez pidió que se luche «desde dentro» contra la corrupción en la judicatura porque «la mayoría de jueces, estoy seguro, no son corruptos», pero recalco que para ello deben sentir el apoyo de otros poderes del Estado.
Por otra parte, el Comité expresó su alarma por la militarización de la gestión de la cárceles en Ecuador y las informaciones sobre «la infiltración del crimen organizado que estaría impidiendo el correcto funcionamiento del sistema penitenciario».
También pidió al gobierno que reduzca el hacinamiento carcelario y el elevado número de personas en prisión preventiva.
La normalización de ciertos temas
Por otra parte, el órgano de la ONU criticó «la aparente normalización de los estados de excepción a nivel nacional y local» -que llevan renovándose una y otra vez desde hace seis años- y recordó que esto solo debería ocurrir «en situación verdaderamente excepcionales».
Señaló que por esa razón varios derechos fundamentales, como la libertad de circulación, de asociación o de reunión, han sido limitados «de forma considerable y desproporcionada» y que afecta sobre todo a indígenas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y gente pobre.
Por otra parte, el Comité denunció la persistencia de un entorno de estigmatización, discriminación y violencia contra las personas LGTBI, así como las informaciones según las cuales se seguiría practicando en centros clandestinos la denominada «terapia de conversión».
Sobre los derechos relacionados con las mujeres, el Comité reconoce como positiva la aprobación una ley que regula el aborto en casos de violación, pero lamenta que la interrupción del embarazo siga considerándose un delito, salvo en casos específicos (violación o amenaza para la vida o la salud de la madre).
Asimismo menciona situaciones de mujeres que enfrentarían obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo, en ciertos casos porque los equipos médicos invocan una objeción de conciencia.
El Gobierno ecuatoriano envió a la sesión del Comité una delegación liderada por el procurador general, Juan Carlos Larrea, y la ministra de la Mujer y Derechos Humano, Arianna Tanca.
