La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) solicitó en sus conclusiones ante el Pleno del Tribunal Constitucional la anulación total de la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerarla contraria a la Constitución.
El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez fue el representante de Comtec y solicitó “que sea declarada la nulidad total de la ley 1-24… por la violación del artículo 112 de la Constitución sobre reserva de ley orgánica, en tanto entraña un vicio de procedimiento en su adopción que comprometa la totalidad de la ley impugnada”.
De manera subsidiaria, en caso de que el tribunal no acoja este pedimento, el togado le pidió anular el artículo 11, por ser contrario al artículo 44 de la ley sustantiva sobre el derecho a la protección de la intimidad y de los datos personales y del honor de la persona.
También los artículos 74.2 y 40.15 sobre la garantía del principio de razonabilidad y su consagración, el 49 sobre el derecho a la libertad de expresión y el 70 sobre el secreto de las fuentes de información periodística.
Rodríguez alegó que el artículo 26 es contrario al 40.13 y 110 de la Constitución sobre legalidad penal y seguridad jurídica. Dijo también que el artículo 9.16 es contrario a los artículos número 44.3 138 y 147 sobre los principios de la administración pública y la finalidad de los servicios públicos, respectivamente.
Los abogados que representaron al Senado solicitaron rechazar el recurso, mientras los de la Cámara de Diputados pidieron dejarlo “a la sabia y soberana interpretación del Tribunal Constitucional”.
La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de su abogado, Emilio Rodríguez Montilla, planteó rechazar la acción de inconstitucionalidad y dictar sentencia interpretativa en cuanto a la parte capital del artículo 11 de la referida ley.
“Precisando que para recabar información privada la DNI debe identificar un supuesto específico de investigación a partir de las facultades que le confiere el artículo 9 de la Ley 1-24. Contar con una autorización motivada de la autoridad judicial competente, la cual ha de emitir con los principios de especialidad y proporcionalidad y la implementación estará sujeta al Poder Judicial», dijo Rodríguez Montilla.
Los jueces escucharon este lunes las peticiones finales de 10 acciones directas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos y ordenanzas, de las que dejaron a nueve en estado de fallo, incluyendo la relativa a la DNI.
El Poder Ejecutivo consensuó un proyecto de ley para modificar la 1-24 y satisfacer las inquietudes que generó respecto a la obligación de entregar información a la DNI.
Esta pieza ya fue aprobada en dos lecturas en el Senado y aguarda a que la Cámara de Diputados la conozca.
