Cuatro acusados en la red que supuestamente sustrajo miles de municiones a la Policía Nacional llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, reconociendo las imputaciones.
Así lo declaró este lunes a la prensa el abogado Gerangel Alies, que defiende a uno de los 10 apresados en la operación Pandora, nombre dado por el Ministerio Público al operativo en el que desmanteló la supuesta red.
Según Alies, los que aceptaron los hechos son los rasos de la Policía Nacional Ángel Rubiel Martínez Basilio y Morelbin Medina Pérez, así como el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat y la civil Miguelina Bello Segura. El abogado de esta última, Osoris Disla, confirmó -mediante un comunicado- que colaboró con las autoridades.
El representante legal del capitán Nelson Valdez dijo que su defendido no acordará nada con el Ministerio Público porque no hay cometido ningún ilícito.
Pide 18 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público pidió este lunes ante la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, 18 meses de prisión preventiva contra los implicados que no han negociado y que el caso sea declarado complejo.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, encabeza este lunes el conocimiento de medida de coerción como representante del Ministerio Público.
Camacho expresó que el expediente consta de 213 páginas y unos 135 medios de prueba.
La acusación pesa contra diez personas físicas y una empresa vinculada a uno de los imputados.
En esta audiencia que comenzó a las dos de la tarde los imputados han tomado por lo menos tres recesos para ir al baño.
De acuerdo con el expediente, las municiones eran sustraídas, supuestamente, de la Intendencia de Armas de la Policía y eran vendidas. El Ministerio Público continúa el rastreo de los lugares donde eran vendidas las municiones.
(SAMIL MATEO)
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.
En la ejecución de la operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Nombres de los procesados
Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como «piezas clave en la parte operativa de la organización criminal».
El Ministerio Público subrayó en su acusación que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, «se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores».
Según el Ministerio Público diligencias las investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, «consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción».
El Ministerio Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos.
