A menos de dos meses de que el presidente electo Donald Trump acceda a la Casa Blanca, asociaciones que acompañan a los migrantes en Estados Unidos temen que cumpla su promesa de campaña de erradicar el ‘permiso humanitario‘, un dispositivo que cobija a decenas de miles de latinoamericanos.
No es asilo, pero es algo parecido. La existencia del permiso humanitario, conocido en Estados Unidos como «humanitarian parole«, está en juego con el regreso de Donald Trump al poder.
Rubén Hernández, profesor de sociología y director del Instituto latinoamericano en la Universidad de California (UCLA), explica que este es “una especie de programa que depende del Poder Ejecutivo en Estados Unidos y busca darle protección temporal a personas que vienen huyendo, podríamos decir escapando de persecución o crisis en sus países de origen”.
Hernández indicó que el “Ejecutivo puede ampliar o reducir -este permiso- y puede además identificar a países específicos. Se ha usado mucho en la administración del presidente Joe Biden. Se ha usado también en administraciones anteriores, en este periodo presidencial han sido cientos de miles de personas las que se han acogido a esta especie de programa o beneficio, por las distintas crisis en Venezuela para empezar, en Cuba, en Haití, en Nicaragua. Como sabemos en el caso del presidente Trump, reducir el número de migrantes que están llegando a Estados Unidos ha sido una promesa de campaña”.
Futuro incierto
El futuro del permiso humanitario es tan incierto como las posibles alternativas que tendrían los beneficiarios. Trump ha declarado que su prioridad será la deportación masiva.
Al respecto Hernández señala que “los permisos con los que cuentan las personas que se han acogido a este programa son permisos temporales, no son estatus permanentes”, por lo que es posible que algunas personas opten por salir de Estados Unidos.
“Es probable que otras personas también esperen y vean si es que el presidente Trump va a cumplir su promesa y cómo la va a cumplir, con qué rapidez, con qué celeridad, como sabemos el Estado tiene también una capacidad limitada para emprender distintos tipos de acciones, es decir, un programa de deportación masivo no se lleva a cabo de la noche a la mañana”, agregó Hernández.
Ella también recordó el alto costo que requiere tal medida: “requiere una infraestructura no solamente de dinero, sino material, de personal. Se va a tardar en ser implementado” señaló.
