La administración española ha abierto un expediente sancionador a Airbnb tras solicitar que retirara «de forma inminente» miles de anuncios con publicidad «ilícita» de alojamientos turísticos, que la plataforma no quitó de sus aplicaciones.
El Ministerio español de Consumo ha informado este miércoles de la apertura del expediente, aunque no ha identificado a la empresa. Sin embargo, fuentes del sector han confirmado a EFE que la plataforma requerida es Airbnb, que no se ha pronunciado.
Este tipo de prácticas pueden llegar a calificarse como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, pero esta cantidad puede subir hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Según ha informado en una nota el Ministerio de Consumo, el expediente se ha abierto después de que en junio pasado requiriera información a diversas plataformas sobre viviendas alojadas en estas aplicaciones.
En otro requerimiento instó a Airbnb a retirar de forma «inminente» miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían número de licencia, entre otros posibles incumplimientos de la ley de defensa de los consumidores.
La plataforma no los retiró y Consumo optó por abrir el expediente.
Tercera investigación sobre pisos turísticos
Consumo destaca que los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes zonas de país, lo que podría generar «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada».
Según recuerda el comunicado, todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por el Ejecutivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España.
«Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», ha explicado el ministro Pablo Bustinduy, que ha advertido que «ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley».
Se trata de la tercera investigación abierta por Consumo sobre los pisos turísticos, tras detectar el pasado octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales.
Hace una semana inició otra investigación contra grandes empresas de viviendas turísticas que podrían estar incurriendo en «prácticas engañosas«, porque se «esconden» tras anuncios que parecen de arrendadores personales y eluden obligaciones, como disponer de un servicio de atención al cliente, que sí es obligatorio para empresas.
