Un juez peruano prolongó este viernes por 15 meses la prisión preventiva que cumple la ex primer ministra Betssy Chávez mientras es investigada por su vinculación con el fallido golpe de Estado que intentó dar el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo.
La decisión fue adoptada por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, quien precisó que el plazo de prolongación de la medida se contará desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026.
En su resolución, Checkley señaló que, en este caso, subsisten el peligro de fuga y de obstaculización «y, por ende, la posibilidad de que la acusada pueda sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar el proceso», según precisó el Poder Judicial en la red social X.
La ex primera ministra fue detenida el 20 de junio de 2023 en su domicilio en la ciudad sureña de Tacna, después de que la Corte Suprema declaró fundada una petición del Ministerio Público, que la investiga por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración en agravio del Estado.
La Sala Suprema rechazó aplicar la misma medida a los exministros del Interior Willy Huerta y de Comercio Roberto Sánchez, también investigados por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo, quien está preso en el penal limeño de Barbadillo mientras es juzgado por su fallido golpe de Estado.
La ex primera ministra estuvo al lado de Castillo en el Palacio de Gobierno, cuando el exmandatario dio su mensaje a la nación y poco antes había pedido a todo el gabinete que acudiera a la casa presidencial porque se trataba de un «día histórico«.
Luego de ese mensaje, Castillo fue destituido por el Congreso y asumió la jefatura del Estado, por sucesión constitucional, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Chávez denunció en julio del año pasado que era víctima de «actos de hostigamiento» en la cárcel de mujeres de Lima y que se le pidió firmar una carta en la que aseguraba que no sufrió torturas, una denuncia que fue negada «enfáticamente» por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La ex primera ministra ha solicitado en varios ocasiones, sin éxito, que se varíe la prisión preventiva que cumple por una orden de impedimento de salida del país.
