La defensa de Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado de liderar una red que presuntamente estafó a más de 500 personas mediante proyectos inmobiliarios fraudulentos, presentó una recusación contra el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, alegando parcialidad en el manejo del caso.
Según informó Emery Rodríguez, abogada de Ledesma, el recurso se presentó de manera formal y respetuosa debido a que “las actuaciones del magistrado dan pie para considerar que tiene comprometida su imparcialidad en este proceso”.
La decisión de si el juez Mejía continuará a cargo de la audiencia preliminar, programada tentativamente para el 17 de febrero a las 9:00 a.m., recaerá en la Corte del Distrito Nacional.
Rodríguez también denunció irregularidades en la gestión de evidencias por parte del juez Mejía. Explicó que en agosto de 2024 su defensa había solicitado realizar un contra peritaje financiero al informe presentado por el Ministerio Público como parte de la solicitud de medida de coerción.
Agregó que, aunque el juez recibió esta proposición de diligencias en octubre, decidió declarar inadmisible la remisión de la prueba documental número 33 que provenía del Sexto Juzgado de la Instrucción.
El juez Rigoberto Sena impuso prisión preventiva de 18 meses a los principales acusados: Rivera Ledesma, su hijo Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar López. A María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Rivera Ledesma, se le dictó arresto domiciliario y grillete electrónico. Reilin Arismendy Rosario García también recibió arresto domiciliario con presentación periódica y grillete electrónico.
El 15 de julio la jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva, impuesta como medida de coerción, contra Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, imputados en el caso de la Operación Nido.
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El principal imputado, Rivera Ledesma, es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios.
Sobre el caso
En enero del 2024, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
