Los cabecillas de la guerrilla del ELN vuelven a ser de este miércoles prófugos de la justicia luego de que la fiscalía de Colombia reactivara las órdenes de captura en su contra tras una arremetida que deja decenas de muertos y que el gobierno tacha de un acto de «sevicia».
Más de 30 rebeldes, entre ellos los máximos jefes «Pablo Beltrán», «Antonio García» y «Gabino», podrán ser capturados en el país, que atraviesa por una de las peores crisis humanitarias y de seguridad en más de una década.
El jueves el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emprendió una operación en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, contra la población civil y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. El saldo hasta el momento es de más de 80 muertos y por lo menos 32,000 desplazados.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró desde la población de Ocaña, ubicada en la zona de la arremetida guerrillera, que se trató de un intento para apoderarse de la frontera y de las rutas del narcotráfico entre ambas naciones.
Cristo, que calificó el ataque como «brutal«, adelantó que el gobierno está próximo a expedir las medidas sobre seguridad y otros asuntos del «estado de conmoción interior» que declaró el presidente izquierdista Gustavo Petro.
La fiscalía había levantado las órdenes de captura contra el ELN entre 2022 y 2023 como parte de las negociaciones de paz, ahora suspendidas por decisión del mandatario.
Niños desplazados
La cantidad de desplazados en los últimos seis días es inédita desde que las FARC dejaron las armas.
La mayor parte de ellos se concentran en estadios y otros escenarios deportivos en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y Ocaña.
Hasta esta población llegó la indígena wayúu Zilenia Pana, de 48 años, huyendo junto con sus pequeños hijos de 8 y 13.
Cuando los enfrentamientos se intensificaron en una zona rural de El Tarra, apenas pudo empacar un poco de ropa en una bolsa y escapó.
«Rezamos para que todo se calme, para volver a nuestros ranchos (casas) con nuestros hijos, con la familia. Eso es lo que queremos y lo que le pedimos a esa gente (los guerrilleros) de corazón», dijo a la AFP en un albergue.
Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal que protege los derechos de los menores (ICBF), aseguró a la AFP que entre el 35% y el 40% de los desplazados son niños y adolescentes.
Además, «pueden existir» menores de edad entre los fallecidos, aseguró.
El Ministerio de Defensa dio parte de más de 5.500 personas confinadas en sus hogares. Autoridades del Catatumbo no han podido hacer recorridos ante la presencia de combatientes de la organización de extrema izquierda en carreteras.
«Incumplimiento»
La fiscalía considera que la arremetida de los rebeldes de inspiración guevarista supone un «incumplimiento de las condiciones para la suspensión» de las órdenes judiciales en su contra.
En agosto de 2022, pocos días después de asumir el poder, el presidente Petro pidió al ente acusador suspender las órdenes de captura contra 18 líderes del ELN, entre ellos el principal negociador de paz Pablo Beltrán.
Un segundo grupo de cabecillas, incluido el comandante militar Antonio García, se benefició de la misma medida en 2023.
La reanudación de las negociaciones es una incógnita. Tampoco es clara la ubicación de los jefes del ELN, que asistieron a algunos de los ciclos de negociaciones celebrados en La Habana y Caracas.
«Control brutal«
El enviado especial de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo el miércoles ante el Consejo de Seguridad en Nueva York que «el vacío de la presencia estatal» en zonas remotas facilita el «control territorial y social».
«No debemos desfallecer, no debemos renunciar a la paz«, expresó a la prensa el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo desde la sede de Naciones Unidas tras la reunión del Consejo.
La violencia tiene en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados de Colombia, bautizada como la «paz total«.
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, aseguró en una declaración enviada a medios el miércoles que «la crisis del Catatumbo debería ser un llamado de atención para la administración de Petro«, cuya propuesta aunada a la «falta de políticas eficaces de seguridad y justicia, han permitido a los grupos armados expandir su presencia y su control brutal» en comunidades rurales del país.
