La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) entregó este viernes al relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, un informe sobre la situación de las cárceles en El Salvador en el contexto de la implicación de un régimen para combatir a las pandillas.
El documento, presentado ante la oficina de Tidball-Binz en Ginebra (Suiza) por la directora del SJH, Ingrid Escobar, y otros representantes de la ONG, es un «informe detallado sobre las condiciones en la cuales cientos de personas están muriendo bajo custodia del Estado dentro de las diferentes prisiones en El Salvador», informó la organización en la red social X.
Entre tanto, Escobar indicó, a través de un video difundido en X por el Socorro Jurídico, que el grupo que se encuentra en Ginebra ha sostenido «una reunión muy importante ante diferentes relatores de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas».
Durante el encuentro, detalló la abogada, «se nos solicitó profundizar sobre casos específicos de graves violaciones a derechos humanos, casos que encajan en lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o sumarias, es decir muertes bajo custodia del Estado».
Según la organización, que da asistencia legal gratuita a familiares de personas detenidas y que surgió en el ámbito de la implementación por parte del Gobierno de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas, más de 360 personas han muerto bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la ejecución de esa medida.
El Socorro Jurídico prevé que el régimen de excepción se «vuelva permanente» a partir de este año, según dijo Escobar recientemente a EFE.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, amplía cada mes por un lapso de 30 días la medida que se comenzó a implementar en marzo de 2022 y que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa.
La medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y muertes de detenidos, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y WOLA, han rechazado la implementación de dicho estado de excepción y han solicitado políticas integrales con prioridad en derechos humanos para combatir el flagelo de las pandillas en el país centroamericano.
