El Parlamento de Chile dio luz verde este miércoles a una reforma de las pensiones impulsada por el presidente progresista Gabriel Boric, que busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social.
Tras un extenso debate, la reforma fue respaldada en su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría y con los votos tanto del oficialismo como de la Democracia Cristiana y de gran parte de la coalición de derecha Chile Vamos.
La reforma, que sufrió modificaciones sustantivas desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en noviembre de 2022, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Se ha podido dar un paso importantísimo (…) Es una reforma que le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo este país. Pasamos de una lógica meramente individualista a complementarla con un seguro social y a acercarnos a principios tan razonables y necesarios, como la solidaridad«, dijo en rueda de prensa tras la aprobación la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeanntte Jara.
«Esta ley marca una inflexión en el desarrollo en nuestro sistema de pensiones. Por supuesto que no será la última palabra y muchos temas seguirán discutiéndose hacia delante porque los sistemas de pensiones evolucionan a lo largo de las décadas», añadió por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el otro artífice de la reforma.
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La reforma beneficia a cerca de 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %, aumenta la pensión básica universal de 214,000 pesos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 250,000 (253 dólares) y sube de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador.
También crea un seguro social, incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y endurece la regulación de la industria, pero no acaba con las polémicas administradoras de fondos de pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las jubilaciones, como inicialmente pretendía el Gobierno.
Pese a que el Gobierno hizo muchas concesiones durante el debate parlamentario para conseguir los votos de la derecha en un Parlamento en el que carece de mayoría y renunció a crear un sistema con mayor peso estatal, la aprobación de la reforma supone un soplo de aire para Boric, pues fue una de sus grandes promesas de campaña.
«Hoy es un gran día para Chile. Hemos llegado a un acuerdo en el que defendimos nuestras posiciones y vamos a tener mejoras para los jubilados de hoy y para los del futuro», indicó en rueda de prensa Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, uno de los tres partidos del bloque Chile Vamos.
Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en la región en desechar el modelo de reparto, implantar la capitalización individual y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes.
Ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y sólo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022.
