Desde el año 2015, República Dominicana realiza con fondos propios las compras de los medicamentos antirretrovirales utilizados en el tratamiento de personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Dulce Almonte, presidenta de la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH, asegura que estas compras directas garantizan abastecimiento, pero, la suspensión de fondos a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) podría hacer que los migrantes, especialmente haitianos, abandonen los programas de retiro de medicamentos, ya que esta agencia financiaba el transporte, las pruebas y personal exclusivo que habla creole para brindarle servicio a este segmento poblacional.
“Es importante resaltar a la prensa que las personas que viven con VIH no tendrán desabastecimiento de fármacos. Todo paciente puede ir normal a recoger sus fármacos. Habrá quizás cambios por ausencia de uno que otro personal que pagaba la Usaid o que daba incentivos para la población migrante y en una muy menor proporción a la GLBTQI y trabajadores sexuales”, dijo en conversación con Diario Libre.
“¿Qué no habrá? Pruebas a migrantes, transporte para esas pruebas y para buscar medicamentos a migrantes o dependientes, pago al personal especializado para migrantes y se caerán algunas consultorías o investigaciones importantes para la respuesta nacional”, agregó.
Otro punto que Almonte destaca es que los promotores comunitarios y personal en los centros de salud podrían quedar desempleados.
“Hay ahora mismo mucha incertidumbre en el sector comunitario porque se quedan miles sin empleos”, sostuvo.
Control del virus
La representante de los pacientes con VIH hizo un llamado a las autoridades para que, tras la salida de Usaid, se creen los mecanismos para que la población de origen haitiano, tanto los residentes en el país como la población móvil que fluctúa entre las dos naciones, se mantenga adherida a los programas para que no aumente la prevalencia del virus por falta de controles.
“Es importante que el gobierno revise cómo va a sustentar esa prevalencia de la población de migrantes que cubría la Usaid que tenemos en el país, ya sea fija o móvil, porque es más alta que la nuestra”, puntualizó.
“Al no tener las facilidades que les brinda la Usaid, como pasaje, fármacos, promotores exclusivos en su idioma, no querrán ir, incluso, por miedo a que Migración (los encuentre) camino a los centros de salud”, detalló.
Almonte aclaró que estos beneficios de Usaid eran “solo para migrantes, no éramos los dominicanos beneficiarios de estos, mas los migrantes sí son beneficiarios de la compra y entrega de medicamentos que hace el gobierno, incluyendo infraestructura y personal clínico”.
A nivel nacional, la cantidad de personas que viven con VIH asciende a 79 mil.
Colectivo GLBTQI
Asimismo, el presidente de la organización Movimientos GLBTQI, Luis Alberto Cruz, manifestó alta preocupación por el destino de los programas de VIH en el país tras la suspensión de fondos a la Usaid por parte del Gobierno de Estados Unidos y pidió mayor involucramiento de las autoridades locales.
«El gobierno central tendrá que comprometerse con la población que vive con VIH-Sida para que no afecte a las personas que están dentro del programa de medicamentos antirretrovirales», comentó.
Cruz aseguró que esta decisión afecta directamente a la población más vulnerable.
OMS advierte
El pasado 29 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que millones de vidas se pondrán en riesgo a raíz de la decisión del nuevo Gobierno estadounidense de detener sus programas de distribución de medicamentos para personas con VIH en países en desarrollo.
«Una repentina y prolongada detención de estos programas no permitirá una transición controlada y pone a millones de vidas en peligro», indicó la OMS en un comunicado donde señaló que los programas estadounidenses, denominados Pepfar, dan tratamiento a 20 millones de personas en el mundo, incluidos 566 mil niños.
El fin de los programas Pepfar (siglas en inglés del Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del Sida), desarrollados en medio centenar de países, «podría conllevar aumentos en infecciones y muertes, acabar con décadas de progresos y virtualmente devolver al mundo a los años 80 y 90, cuando millones de personas morían al año de sida en el mundo», advirtió.
Detener los programas de VIH «minará los esfuerzos por evitar la transmisión del virus en países y comunidades», agregó la agencia sanitaria de Naciones Unidas.
La Administración Trump ha ordenado el fin de las distribuciones de medicamentos para el VIH adquiridos con ayuda humanitaria norteamericana, incluso si las operaciones de compra ya se han materializado y los tratamientos se encuentran en los centros sanitarios.
Actualmente hay casi 40 millones de seropositivos en el mundo, y más de 30 millones dependen de este tipo de programas de financiación a países en desarrollo para costearse sus tratamientos con antirretrovirales y otros medicamentos.
