RFI entrevistó al profesor de la UNAM Javier Oliva Posada sobre el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que considera ampliar la demanda en curso contra armerías de Estados Unidos si ese país finalmente resuelve denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
El gobierno mexicano advirtió el viernes que ampliaría sus demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses, a quienes señala por su presunto papel en el suministro de arsenal a los delincuentes en México, incluidos los cárteles del narcotráfico.
El gobierno mexicano acusa a los fabricantes de armas de negligencia en la venta de armamento que termina en manos de los cárteles. Para la presidenta Sheinbaum, la querella podría incluir un nuevo cargo por presunta complicidad con grupos terroristas.
Armas de origen estadounidense
«El 74 % de las armas utilizadas por grupos delincuenciales en México provienen de Estados Unidos«, denunció la mandataria. Esta cifra fue publicada a principios de año por el Departamento de Justicia estadounidense en un informe sobre la circulación de armas dentro y fuera del país.
El profesor Javier Oliva Posada, investigador en temas de defensa, seguridad e inteligencia, señala que la entrada de armas provenientes de Estados Unidos a México es «constante».
Según este académico de la UNAM, «el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad calcula que, de cada diez armas incautadas en México, ocho fueron vendidas en Estados Unidos. Hay alrededor de mil negocios de venta de armas. Es un flujo muy importante, sobre todo de fusiles de asalto y de alto poder, que llegan a manos de los delincuentes», sostiene Oliva.
Los más de tres mil kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos facilitan el tráfico de armas, según el profesor de la UNAM.
«México y Estados Unidos tienen 15 ciudades gemelas y una población compartida de alrededor de 14 millones de habitantes. Además, hay 42 pasos fronterizos, es decir, cruces ferroviarios, de autotransporte y, por supuesto, peatonales. Otro dato importante: la frontera entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo, con un millón de cruces diarios y alrededor de 300,000 vehículos», explica.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los principales compradores ilegales de armamento en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump solicitó a su gobierno que los declarara organizaciones terroristas, junto con otros tres cárteles.
De ser así, su homóloga mexicana podría ampliar una demanda ya existente contra los fabricantes de armas en Estados Unidos por «complicidad».
«Si se venden armas que luego son incautadas en un escenario violento en México, la pregunta es: ¿se convierten esas personas en facilitadores de armas para organizaciones terroristas? Aunque en Estados Unidos está permitida la venta de armas, esas mismas llegan a México para ser utilizadas por el crimen organizado. El gobierno mexicano tendría que diseñar una fórmula jurídica a nivel internacional que establezca ciertos requisitos para la venta de armas de alto poder que terminan en nuestro país», concluye Oliva.
Por su parte, el secretario de Estado en la administración Trump, Marco Rubio, declaró en un programa de radio estadounidense que su país colabora con México para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego.
