El concejo del municipio Higüey, provincia La Altagracia, emitió la resolución no. 09-2025, mediante la cual ordena la paralización inmediata de los trabajos de construcción de los proyectos inmobiliarios Larimar City and Resort, Alta Vista Village I, Alta Vista Village II, Cruise on Land y Residencial Paradise City Residences. La decisión contradice los permisos otorgados por el distrito municipal de La Otra Banda, estos últimos basados en la Ley 368-22.
La decisión del concejo se fundamenta en que los referidos proyectos carecen de los permisos de cambio de uso de suelo requeridos por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 6232 de Planificación Urbana y la resolución no. 02-2021, que regula el cambio de uso de suelo en el municipio de Higüey.
El concejo de Higüey reiteró que es el órgano competente para otorgar los permisos necesarios para la construcción de proyectos inmobiliarios en el municipio.
La resolución establece que los representantes de las empresas a cargo de los proyectos deberán presentarse ante el concejo para regularizar su estatus legal y obtener los permisos exigidos por la normativa vigente.
Además, otorga facultades al departamento jurídico de la alcaldía de Higüey para notificar a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), Edeeste, la Oficina de Registro de Títulos, la Jurisdicción Inmobiliaria y cualquier otra entidad reguladora, a fin de que se abstengan de otorgar documentación o permisos a los proyectos mencionados hasta que regularicen su situación ante el Concejo de Regidores.
El presidente de la sala capitular, Juan Francisco Dalmasí, declaró que la resolución representa una desautorización al director del distrito municipal de La Otra Banda, a la Oficina de planeamiento urbano y a los vocales. Explicó que los impuestos deben pagarse en el municipio y que esta disposición también aplica a los propietarios de urbanizaciones y proyectos inmobiliarios en La Otra Banda.
Dalmasí argumentó que la Junta Distrital de La Otra Banda no tiene competencia para aprobar la creación de una Oficina de Planeamiento Urbano, ya que hasta que la Ley de Ordenamiento Territorial no tenga su reglamento, no se pueden cobrar arbitrios.
Respuesta del director distrital de La Otra Banda
El director del distrito de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, respondió que el concejo de Higüey carece de conocimiento sobre la Ley 368-22 e instó a sus miembros a prestar más atención a la parte jurídica y administrativa del ayuntamiento.
Rodríguez explicó que la Oficina de Planeamiento Urbano no fue creada exclusivamente por el ayuntamiento, sino mediante un convenio con la Liga Municipal Dominicana y la Federación de Distritos Municipales, en cumplimiento de la referida ley.
Asimismo, Rodríguez señaló que los regidores del municipio cabecera estarían violando la Ley 368-22, por lo que considera que su decisión no se ajusta al marco legal vigente.
