El Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó a varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) al pago de un astreinte de RD$1,000.00 por cada día de retardo en la entrega de información sobre los montos pagados a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), centros de diagnóstico, laboratorios y farmacias desde el año 2018 hasta la fecha.
D acuerdo con una nota de prensa enviada por la Fundación Primero Justicia, esta decisión se fundamenta en la Sentencia núm. 0030-1643-2025-SSEN-00002, emitida el 8 de enero de 2025, que acogió una acción de amparo en información pública interpuesta por la Fundación Primero Justicia y su presidente, Miguel Alberto Surun Hernández.
Surun Hernández destacó la importancia de esta información, ya que busca verificar el destino de los recursos que los afiliados pagan por los servicios de salud y que no se reflejan en la cobertura de los tratamientos médicos, los cuales, en su mayoría, deben ser asumidos directamente por los pacientes.
“Es inquietante que solo en el periodo comprendido entre 2019 y 2023, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) recibieron para el cuidado de la salud de los afiliados a la Seguridad Social la astronómica suma de casi trescientos cincuenta mil millones de pesos, sin que dicho monto se reflejara en la mejora del servicio de salud de los pacientes, que tienen que pagar prácticamente por todos los servicios. De ahí nuestro interés en determinar el destino de dichos recursos, a lo cual se niegan las ARS”, expresó Surun Hernández. Te puede interesar
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Las ARS condenadas incluyen Primera ARS Humano, ARS Reservas, ARS Renacer, APS ARS, ARS Universal y Mapfre Salud ARS. Sin embargo, la ARS Senasa, propiedad del Estado dominicano, fue excluida de la condena debido a su naturaleza estatal, aunque enfrenta un déficit anual superior a los dos mil millones de pesos, lo que hace aún más urgente la entrega de dicha información.
La sentencia del TSA representa un paso significativo en la transparencia y fiscalización del sistema de salud, mientras se espera que las ARS cumplan con la disposición judicial para esclarecer el uso de los fondos destinados a la atención médica de los afiliados.