Mientras los agricultores de la cuenca baja de la presa se ven en su mejor momento en materia de disponibilidad de agua, la situación de incertidumbre crece entre agricultores y comunitarios que estaban en la cuenca alta de la presa de Monte Grande, cuyas tierras se encuentran inundadas.
Patricio Matos, productor agrícola del distrito municipal de Hato Nuevo, denunció que el Estado ejecutó el proyecto sin consultar a los residentes y productores agrícolas de la zona.
Matos aseguró que en las reuniones iniciales nunca se detalló claramente cuáles serían las áreas afectadas ni cómo se resolvería el impacto sobre las comunidades que dependían exclusivamente de la agricultura.
“Formamos comités de defensa, pero a Hato Nuevo ni siquiera le permitieron crear uno porque aseguraron que no sería afectado. Hoy nuestras tierras están bajo 30 o 40 pies de agua, sin que se cumpla la promesa de entregar predios agrícolas antes de inaugurar la presa”, enfatizó Matos.
El productor agrícola afirmó que la situación actual en Monte Grande es insostenible, calificando de “desierto” la nueva área residencial que el Estado estableció, debido a que los pobladores no tienen medios para producir alimentos ni sostener económicamente a sus familias.
“El gobierno nos ofreció entregar diez tareas de tierra por familia, con supuesta tecnología avanzada para el riego, pero eso no ha ocurrido. El proyecto se inauguró hace 14 meses, y hasta hoy nadie ha recibido nada.
Además, quieren pagar el resto de la tierra a 25 mil pesos por tarea, un precio irrisorio que no resuelve absolutamente nada”, agregó Patricio Matos.
Tierra prometida
Manuel Pérez Canario, agricultor y dirigente del Centro Lemba, reconoció algunos avances del gobierno, como la construcción del centro poblado en Monte Grande, con viviendas cómodas y algunas infraestructuras útiles, incluyendo una escuela, clínica, cuartel policial y canchas deportivas.
Sin embargo, coincide en que las soluciones agrícolas continúan siendo una promesa incumplida.
“El problema real radica en la falta de asentamientos agrícolas que prometieron hace cuatro años. Se identificaron tierras, pero muchas no son aptas para los cultivos que conocemos. Además, las tierras disponibles están en áreas protegidas o muy alejadas, complicando aún más la situación”, explicó Manuel Lemba.
Lemba indicó que los terrenos ofrecidos en Azua se encuentran lejos de las comunidades afectadas, obligando a los agricultores a trasladarse diariamente largas distancias para trabajar.
“Nos encontramos en un tranque porque, aunque algunos agricultores están dispuestos a negociar, no pueden aceptar el precio establecido por el Estado, que es insuficiente para adquirir terrenos productivos en otra parte”, puntualizó.
Patricio Matos concluyó con un llamado a las autoridades para cumplir con lo acordado y respetar los derechos de los productores agrícolas, afirmando: “Lo único que queremos es tierra, porque eso es lo que sabemos hacer. No nos pueden dejar morir así”.
El dirigente del Centro Lemba, en esa circunstancia permanecen unos 11 productores agrícolas, mientras que se ha negociado con otros 13. Mientras que por terrenos, se deben buscar los de 90 habitantes en Monte Grande.
Otra inquietud señalada por ambos agricultores es que muchas familias han abandonado las nuevas viviendas en Monte Grande, a falta de medios de producción.
