El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este domingo que la presidenta, Dina Boluarte, sufre un «acoso fiscal ilegal» y llamó a frenar esta «persecución judicial» que, según sus palabras, pretende dar un «golpe blanco» contra la mandataria.
«Desde el Ejecutivo respetamos la independencia de poderes y la libertad de prensa, pero lamentablemente ya no sorprende que el Ministerio Público cometa excesos contra la presidenta de la República o miembros del Gabinete Ministerial«, afirmó Adrianzén en una columna de opinión en el diario oficial El Peruano.
Sostuvo que constitucionalmente Boluarte personifica a la nación, pero «algunos no quieren darse cuenta de ello y la vapulean, incluso en su condición de mujer«.
«Rechazo estas acciones políticas desestabilizadoras que reafirman una persecución judicial que merece un freno. Este acoso fiscal sistemático a la mandataria es inconstitucional e ilegal», indicó el primer ministro sobre las investigaciones a Boluarte.
En este sentido, reiteró que se están dando «excesos de la Fiscalía» y «un mal uso de la libertad de expresión e información», puesto que en los programas de investigación dominicales «un sector de la prensa arremete contra la jefa del Estado o algún ministro».
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«Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la Fiscalía, dar un golpe blanco. Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia (destitución)», añadió.
Sostuvo que cada domingo aparecen en televisión reportajes periodísticos sobre la presidenta y otros miembros del Ejecutivo, y se preguntó si el Ministerio Público no resguarda esas investigaciones.
Demanda al Tribunal Constitucional
Además, mencionó la demanda competencial presentada por el Ejecutivo al Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son las únicas causales para investigar a la presidenta.
«Confío en la sapiencia del TC para sentar jurisprudencia y fortalecer la gobernabilidad, indispensable para afianzar el crecimiento económico. Pese a todo, hago votos para que prime el debido proceso y renuevo mi confianza en la imparcialidad de operadores de justicia alejados de sesgos políticos. El Perú no merece que estos sean marionetas de intereses oscuros», señaló.
Aseguró que el Ministerio Público «debería tener precaución» cuando formula denuncias contra la jefa del Estado, porque ella está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que dice cuáles son los cuatro delitos por los que puede ser acusada.
Estos cuatro son traición a la Patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso (salvo en los casos previstos en el artículo 134), e impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
