Argentina conmemoró este 24 de marzo el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se cumplen 49 años del inicio del golpe militar de 1976, que se extendió hasta 1983 y dejó 30,000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.
Esta es la segunda conmemoración del 24 de marzo en el contexto del Gobierno de Javier Milei, quien llegó al poder en diciembre de 2023. Las organizaciones que marcharon este lunes también protestaron contra sus políticas respecto a los derechos humanos y la memoria.
La Plaza de Mayo estaba colmada y la multitud desbordaba las calles que desembocan en ella. Como todos los años, los manifestantes pidieron por memoria, verdad y justicia, para que no se olviden ni se dejen de perseguir los crímenes cometidos desde el Estado durante la dictadura militar de 1976 a 1983.
Pero este año fue especial.
“Este 24 de marzo es especial porque estamos en un Gobierno que niega la dictadura, que niega lo que pasó y por eso más que nunca tenemos que salir a la calle para conseguir memoria, verdad y justicia y contra todo lo que están haciendo ahora”, decía Alejandra, una de las manifestantes.
“Verdad completa”
Desde su llegada al poder, el Gobierno de Javier Milei ha buscado cambiar el foco en torno a lo ocurrido durante la dictadura.
Este 24 de marzo ha insistido en ese punto. Difundió un video de casi 20 minutos para sostener lo que llama la “verdad completa”, poniendo el foco en las acciones de los grupos guerrilleros que comenzaron a actuar antes del golpe militar.
La idea de equiparar los crímenes de las guerrillas con los del Estado es fuertemente criticada por quienes participaron del acto del 24 de marzo.
“La violencia que pudo haber ejercido algún grupo guerrillero no se puede comparar con la violencia que se ejerce desde el Estado, nunca. Por eso los crímenes del Estado son de lesa humanidad y los crímenes que ejerce cualquier ciudadano no son de lesa humanidad”, comentaba en la plaza otra de las manifestantes, Flavia.
Además de esto, quienes marcharon este lunes reclamaron por los recortes del Gobierno sobre las políticas de derechos humanos, como la quita de recursos a áreas dedicadas a la memoria y a investigar los crímenes de la dictadura.
