POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El gobierno está obligado a escoger depurados oficiales militares y policiales para garantizar el cumplimiento de la ley migratoria, sin los excesos que salpican a persecutores de indocumentados, en momentos en que la irresponsable comunidad internacional que le falló a Haití busca cualquier excusa para sancionarnos y forzar la aceptación de refugiados.
Abundan las quejas contra oficiales de la dirección de Migración, que ejecutan ruidosos “operativos”, que afectan, incluso, a los extranjeros con documentación legal.
Los testimonios están recogidos en reportajes de diarios y de medios electrónicos y en redes sociales en los que salen a relucir tarifas cobradas a los detenidos en las cacerías barriales, que difieren si la liberación es “express” o en los centros de retención.
Las irregularidades alcanzan un nivel máximo y de alto riesgo para el país cuando se denuncia violación a una mujer, y en el caso del viernes 5 de este mes en la provincia La Altagracia, mucho más grave al tratarse de una menor de 14 años.
Un crimen reprochable, muy sensitivo a nivel internacional debido a las crisis por flujos migratorios en diversos puntos del mundo, que el ministerio público, de inmediato asumió su investigación. El momento no podía ser peor: Amnistía Internacional acusó hace dos semanas a RD de aplicar políticas racistas contra personas de origen haitiano y reclamó poner fin a las expulsiones de indocumentados. La menor haitiana habría sido violada por uno de dos agentes que ingresaron a su vivienda mientras estaba sola. Habrían regresado a buscarla para trasladarla a un centro de detención y presionarla para que no denunciara el crimen. Sus padres al regresar a la casa se auxiliaron de una junta de vecinos y acudieron a la fiscalía, que inició la investigación.
El hecho ameritó un comunicado de la Procuraduría General de la República que explicó que “un equipo de fiscales está trabajando para dar respuesta lo antes posible” y prometió que “pondremos todas las fuerzas para esclarecer los hechos”.
Desde el gobierno, se quiso poner un énfasis mayor al ponderar la gravedad de asunto en un contexto delicado de presiones internacionales y adelantó que “rechaza enérgicamente cualquier acto que viole los derechos humanos y atente contra la integridad de personas en el territorio, sin importar su nacionalidad o condición”.
“Este hecho no quedará impune. Nos comprometemos a emplear todos los recursos disponibles para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto bochornoso”, precisó el portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa.
Ya la embajada de los Estados Unidos apuraba un documento (¡cuánta preocupación por los haitianos de este lado!) que publicó el viernes último en el que, aunque saluda “la rápida acción tomada por las autoridades dominicanas” para investigar el hecho, tilda de “extremadamente preocupantes acusaciones de violación sexual de una menor de parte de miembros de la Dirección General de Migración”.
Los norteamericanos en su ágil documento, que firma Patricia Aguilera, encargada de Negocios, advierten que “continuaremos monitoreando este caso” (La ONU registró en Haití en 2023 el asesinato de 3, 156 personas y 1, 283 secuestros entre enero y septiembre. Documentó en solo cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe el asesinato de 67 personas, entre ellas 11 niñas y 12 mujeres, y la violación de 23 niñas y mujeres. Hubo testimonios de violaciones en grupos).
“Apoyamos a cualquier víctima de abuso sexual y continuaremos monitoreando este caso mientras las autoridades concluyen su investigación y procesan a los responsables, de ser comprobado el hecho, con todo el rigor de la ley”, concluye la nota publicada en la cuenta de Instagram de la embajada.
¡Lo mejor a Migración!
